La alcaldesa del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) Reyna Hernández ha sido notificada con orden de captura por el supuesto delito de desobediencia y desacato a la autoridad por presunta participación en el delito de perjuicios a un grupo de trabajadores sandinistas que fueron despedidos en enero de 2018.
En un proceso judicial Hernández fue demandada por el grupo de trabajadores sandinistas de la alcaldía de Wiwilí que habrían sido despedidos, pues según ella «no querían trabajar». Estas personas no aceptaron una mediación e inició un juicio en donde «ganaron todo” los demandantes sandinistas.
“Se declara rebelde y se le gira la correspondiente orden de captura ( …) una vez que la acusada será puesta a la orden de esta autoridad deberá nombrar abogado que la represente o en su defecto esta autoridad le nombrara defensor público”, dice el acta de comparecencia de número 000903-ORN2-2020-PN.
Las audiencias y el vaivén del Poder Judicial
La alcaldesa liberal tenía programada una audiencia el pasado 5 de junio en los juzgados local de Jinotega, pero su abogado presentó una excepción porque ella tiene que ser citada en los juzgados de Wiwilí, lugar donde reside Reyna Hernández.
Debido a este proceso el juicio fue programado para el próximo lunes 15 de junio, sin embargo la jueza el pasado 8 de junio dictó una notificación alegando que la audiencia se iba programar “por fuerza mayor” para el miércoles 10 de junio.
“La fuerza mayor es una circunstancia extraordinaria por la cual se puede evitar que se cumpla un acto, en este caso ella no dice cuál es la fuerza mayor (…) al día siguiente (9 de junio) se le presenta un incidente de nulidad alegando que eso es nulo porque así dice la ley”, dijo el abogado defensor de la alcaldesa Maynor Antonio Curtis.
El día 10 de junio el abogado suplente de Curtis le notifican en los juzgados todas las audiencias están suspendidas ese día, pero al atardecer suben al sistema una acta donde la jueza Diana Isabel Jarquín Valle refuta que el juicio estaba programado a las 8 de la mañana y que el abogado defensor y la alcaldesa no se hicieron presente.
El abandono: una violación al proceso judicial
Bajo esta acta le declaran abandono al abogado titular Maynor Curtis y al abogado suplente de nombre Santiago Duarte, ambos defensores de Reyna Hernández
“Es una violación al proceso porque al sustituto no se le puede decretar el abandono; cuando le decretan abandono al titular asume el sustituto”, detalla Maynor Curtis explicando la forma de cómo le giran la orden de captura a la alcaldesa Reyna Hernández
“La ley norma que cuando el imputado no llega a la audiencia se le debe de conceder un término de 24 horas para que él justifique su incomparecencia. De no hacerlo así se le decreta la rebeldía y se le gira la orden de captura”, dejó claro el abogado Maynor Curtis.
El abogado considera la orden de captura como una acción política para que el vicealcalde de Wiwilí asuma el cargo y sea presionado por los sandinistas para apoderarse de esa municipalidad.
Por otra parte, esta municipalidad le embargaron los bienes y transferencias destinada a los gastos corrientes para pagar el salario de 36 trabajadores, que equivalen a C$12 millones 458 mil 861, donde indica una tercera parte para los costos de ejecución de intereses moratorios hasta cancelar un total de 16 millones 538 mil 128. 93 córdobas.
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