Pese a que el gobierno de Nicaragua maneja el discurso de que las leyes se aprueban por amplio consenso y con consultas a las instituciones y organizaciones involucradas, la realidad es que la Ley de Agentes Extranjeros, que obstaculizará el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil, solo se está consultando con instituciones que están bajo el absoluto control del presidente Daniel Ortega.
El proceso de consultas de la ley inició el martes 29 de septiembre, pero según la diputada liberal Azucena Castillo, la Asamblea Nacional lo está centrando “en el ámbito de las mismas instituciones estatales”.
Castillo negó que sea cierto lo manifestado por el presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, en cuanto a que la consulta está abierta a todos aquellos que quieran participar.
Explicó si bien se dijo que los interesados tendrán que solicitar por escrito su inclusión en el proceso, finalmente todo depende de la voluntad del presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras.
“Tendrán que esperar a que el presidente de la Asamblea les conteste si van a poder o no porque el presidente de la Asamblea tiene toda la facultad para decidir quien si y quien no (participa), o sea, que hay un lenguaje que pareciera democrático pero a la vez es represivo o totalitario”, criticó la diputada.
La mayoría oficialista presentó la ley de Agentes Extranjeros.
Oficialismo dice que inicio de consultas fue “positivo”
A la consulta del martes fueron invitados representantes del Ministerio de Gobernación, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Fomento, Industria y Comercio y de la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
«El proceso de consulta es un proceso abierto y público por lo tanto, cualquier agente económico y social interesado en participar en este proceso de consulta tiene la puerta abierta en tanto lo solicite y formalice de manera oficial su solicitud de participación en este proceso ante la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto», declaró el diputado Wálmaro Gutiérrez.
«Fue un proceso de consulta muy positivo, donde las instituciones transmitieron sus comentarios e inquietudes en el marco de importante iniciativa para los nicaragüenses «, agregó el legislador sandinista.
Solo llegaron a secundar
Sin embargo, la diputada Azucena Castillo lo desmintió y dijo que dichas instituciones solo llegaron a secundar el documento.
“Ninguna de las instituciones criticó, se opuso o dio algún comentario sino que todas se sintieron halagadas de este nuevo sistema que se quiere crear a través de toda una plataforma paralela a la Constitución”, refirió.
En el encuentro la única institución que pidió algo fue el Ministerio de Industria y Comercio, concretamente en relación a que quedara claro en algunos párrafos la descripción de lo que es un agente extranjero “para que no haya duda cuando se trate de comercio o tratados de libre comercio”, explicó la diputada.
Contra “injerencia extranjera”
Wálmaro Gutiérrez fue enfático en que la ley vendrá a detener la supuesta “injerencia” extranjera en los asuntos internos de Nicaragua. A la vez dijo que todo aquel que represente “intereses lícitos” de otros gobiernos, entidades gubernamentales o no gubernamentales extranjeras “lo que tienen que hacer es inscribirse ante la dependencia del Ministerio de Gobernación”.
Sostuvo que la «injerencia de gobiernos, entidades gubernamentales extranjeras, organismos no gubernamentales extranjeros, partidos políticos extranjeros o cualquiera entidad persona natural jurídica extranjera, en asunto de políticas internas del Estado de la República de Nicaragua es ilegal por mandato de la Constitución Política de la República de Nicaragua en su artículo primero».
El verdadero objetivo
Por su parte, la diputada Castillo indicó que en realidad con esta ley Daniel Ortega lo que busca es frenar cualquier “competencia política” de cara a las elecciones de noviembre del 2021.
En este sentido, destacó que la ley vendrá a inhibir el derecho de muchos opositores a acceder a cargos de elección pública.
La diputada también dijo que una vez aprobada, la ley vendrá a coartar la cooperación internacional y a transgredir convenios internacionales dirigidos a apoyar el desarrollo humano.
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