Los largos meses en los que han prevalecido las diferencias entre los distintos bloques de oposición y que han llevado a muchos a separarse y unificarse en otras agrupaciones, han sido dejados a un lado por el momento; y finalmente, la oposición nicaragüense se ha unificado para firmar un pronunciamiento conjunto exigiendo una reforma electoral verdadera de cara a los comicios del 7 de noviembre, y rechazando la que ha sido presentada actualmente por la oficialista Asamblea Nacional.
El exmagistrado de la Corte de Justicia, Rafael Solís critica propuestas de reformas a Ley Electoral
Los opositores reconocen a través del pronunciamiento que «para que nuestra patria supere pacíficamente la profunda crisis nacional, agravada desde 2018 por la escalada represiva del régimen, es fundamental la implementación de una reforma electoral que incorpore las transformaciones legales e institucionales necesarias para brindar a los ciudadanos y organizaciones políticas las garantías necesarias que permitan la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas».
Y aunque el pasado 12 de abril la Asamblea Nacional aprobó una resolución de convocatoria para la presentación de candidatos a ocupar los cargos de magistrados y magistradas dentro del Consejo Supremo Electoral (CSE), y posteriormente el 14 de abril presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Electoral, ambas acciones han sido fuertemente criticadas por la oposición. A través del pronunciamiento, detallan que estas «no contribuyen en forma alguna al logro de ese objetivo (de una verdadera reforma), que demandamos la mayoría de los nicaragüenses con el respaldo de la comunidad internacional».
Polémicas modificaciones
La Organización de Estados Americanos (OEA) brindó como plazo máximo al gobierno de Nicaragua el mes de mayo para aplicar reformas electorales frente a los comicios de este 2021. Sin embargo, ante los recientes anuncios de esta polémica reforma presentada por el oficialismo, algunos diplomáticos internacionales han expresado preocupación e incluso las han reconocido como «una cortina de humo» del gobierno de Daniel Ortega.
Entre los cuestionamientos señalados por la oposición se encuentra el hecho de que la propuesta de la bancada sandinista establece restricciones a las libertades políticas, fomenta el bipartidismo, contribuye a sostener un Estado policial, no establece la depuración al padrón electoral, no establece la observación internacional, inhibe posibles candidaturas a través de las leyes aprobadas durante los últimos meses, no regula el voto en el exterior, entre otros aspectos.
El pronunciamiento ha sido firmado por más de 40 organizaciones y partidos políticos, y a través de este expresan que la actual iniciativa «no incorpora las reformas legales necesarias para que en los próximos comicios nacionales se respete el voto ciudadano, sino que, por el contrario, la casi totalidad de las propuestas profundizan la actual crisis de transparencia y credibilidad de las instituciones electorales». De igual forma, llaman a los diputados de la Asamblea Nacional a «que asuman con sentido de Nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos».
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