Durante los primeros meses de 2021, de cara a las elecciones presidenciales en Nicaragua, la comunidad internacional y organismos de derechos humanos han exigido la liberación de los presos políticos y la construcción de un Estado Democrático que cumpla con los estándares firmados en la Carta Democrática Interamericana que exige la libertad de expresión y la independencia de los poderes estatales.
Hasta ahora, el mandatario sandinista Daniel Ortega, ha mostrado desinterés en el cumplimiento de los mismo rechazando las medidas adoptadas por la comunidad internacional para presionar a su gobierno a «que no se robe las elecciones» como lo ha reiterado en varias ocasiones la congresista estadounidense, María Elvira Salazar.
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Para nadie es un misterio que Ortega busca reelegirse para un quinto período presidencial a través la reforma a la Ley Electoral que ha sido modificada a través de la Asamblea Nacional, y ahora será fiscalizada por la nueva junta de magistrados al Consejo Supremo Electoral, todos sandinistas y allegados a la pareja presidencial.
1. Falta de apoyo popular
Ortega ha usado la fuerza luego de bajar en las encuestas tras el asesinato de 328 personas desde 2018 según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quiene también contabiliza más de 2 mil heridos durante los últimos tres años en Nicaragua, como parte del terror estatal para impedir manifestaciones en el país.
El analista político Enrique Sáenz, en entrevista a La Voz de América aseguró que pese a las críticas de la izquierda latinoamericana, Ortega ha encarcelado a exguerrilleros sandinistas, «de tal forma que esta acción confirma un componente de venganza».
La firma costarricense, CID Gallup, en su última entrevista dejó en evidencia que Daniel Ortega cuenta con el 30% de aprobación para reelegirse como presidente de Nicaragua. Por su parte, la opositora, Cristiana Chamorro, quien podría ganarle la silla presidencial al mandatario sandinista, se encuentra en segundo lugar con un 21%.
¿Cómo han sido las elecciones en Nicaragua?
Sin embargo, en enero de 2021 , CID Gallup reveló a través de una encuesta que la mayoría de la población en Nicaragua, más del 62%, no tiene simpatía por ningún partido político. La encuesta también informó sobre los cuatro aspirantes presidenciales de oposición con más probabilidad de ganar, entre ellos: Cristiana Chamorro con un 13%, Félix Maradiaga con un 10%, Juan Sebastián Chamorro también con un 10%, y Medardo Mairena con un 7%, todos detenido e investigados por la ley 1055, con excepción de Mairena.
La precandidata presidencial, Cristiana Chamorro, ha sido la persona con más respaldo popular según las encuestas.
2. Falta de cooperación venezolana
Otro factor importante es que Ortega ya no cuenta con la cooperación venezolana, a diferencia de años atrás. Durante las elecciones presidenciales de 2011, la cooperación de ese país en Nicaragua alcanzó unos de sus mayores repuntes. En 2011 se recibió más de 500 millones de dólares, y en 2016 obtuvo más de 700 millones de millones de dólares, según datos del Banco Central de Nicaragua .
Sin embargo, el contexto actual es diferente. Los datos más recientes del Banco Central reflejaron que no hubo cooperación venezolana durante el primer semestre de 2020.
En entrevista anterior a la VOA, el precandidato presidencial Arturo Cruz, ahora detenido, explicó que “en este año electoral, la cooperación no va a tener peso, porque no existe. Hace dos años ya estaba en 27,2 millones de dólares. Entonces, al comparar ese dato con 500 millones en sus mejores momentos, es nula”
Con el apoyo de la cooperación venezolana, Ortega empujaba los programas asistencialistas como «Hambre Cero», «Usura Cero», entre otros. Todos para ganar votantes y mostrarse dadivoso.
¿Ortega representa un desgaste político?
Algunos especialistas aseguran que Ortega también carga un desgaste político tras más de catorce años de gobierno consecutivo, lo que se traduce en otro problema para reelegirse como presidente de Nicaragua.
Con la reciente situación política que vive el país, Ortega ha perdido aún más su credibilidad, incluso la Unión Europea, así como el Gobierno de Estados Unidos, Canadá y España, buscaran ilegitimar las elecciones del 7 de noviembre por falta de independencia del gobierno sandinista con el Consejo Supremo Electoral (CSE).
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