Max Jeréz es declarado culpable por el delito de «conspiración»

Según el dictamen fiscal,  Max Jeréz se enfrentaría a una condena de 13 años de cárcel. 

El líder estudiantil y presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), fue declarado culpable e inhabilitado para ejercer cualquier cargo público la tarde de este jueves tras concluir su juicio maratónico dentro de las instalaciones del Complejo Policial Evaristo Vásquez, conocido como el nuevo chipote.

La jueza Nadia Tardencilla acusó al joven opositor de supuesta «conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional», al igual que a otros 18 opositores, de los cuales casi una decena han sido condenados de entre 8 y 13 años del prisión.

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Según el dictamen fiscal, Max Jeréz se enfrentaría a una condena de 13 años de cárcel.

 

«La acusación de la fiscal Andrea Salas y la condena de la jueza Nadia Tardencilla son redactadas por la pareja dictatorial, reduciendo a ambas funcionarias a meras operadoras de sus designios», denunció en un comunicado la organización AUN.

Según la misiva, durante el juicio, Max Jeréz dijo que «la historia nos enseñará el lugar donde nos corresponda estar. Con dignidad y honor asumo este reto en prisión, porque todo cambio tiene sacrificio».

La mamá de Max Jeréz, Heydi Meza, falleció el pasado 17 de septiembre de 2021 sin poder ver a su hijo en libertad. Organismos de derechos humanos y de oposición solicitaron insistentemente al régimen de Ortega un permiso especial para que el joven viera a su madre cuando ésta agonizaba, pero «la dictadura no le permitió verla a pesar de que la ley lo faculta».

Max Jeréz fue detenido junto a Lesther Alemán

Max fue detenido en horas de la noche del 5 de julio de 2021 y trasladado a las celdas del nuevo chipote donde cumple 221 días encerrado, al igual que Lesther Alemán, también integrante de AUN y condenado a 13 años de cárcel.

Al día siguiente de su «secuestro», la Policía Nacional confirmó a través de una nota de prensa el arresto de los jóvenes a quiene acusó de ser “cabecillas de toma y destrucción” de la extinta Upoli y la UNAN-Managua, donde supuestamente “cometieron delitos de robo con intimidación, secuestros, lesiones graves, violaciones, extorsiones, destrucción y daños múltiples, durante el fallido intento de golpe de Estado en el año 2018”.

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