Las organizaciones de mujeres en Nicaragua no podrán marchar de forma pública ni reclamar sus derechos una vez más en su día, una excepción en Latinoamérica, donde las mujeres aprovechan la oportunidad para expresar sus demandas en todo el mundo cada 8 de marzo.
La prohibición de manifestarse impuesta por Daniel Ortega a todo tipo de protesta desde septiembre de 2018, y que se mantiene a la fecha, también alcanza a este sector.
En 2021, las mujeres marcharon discretamente en una universidad privada en Nicaragua donde demandaron el cese a las prácticas “machistas del Estado”.
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En Nicaragua se mantiene penalizado el aborto, incluso cuando una mujer se encuentre en peligro de morir.
También pidieron el pasado año que se ejerza mano dura contra los feminicidios que en 2021 dejaron un saldo de 71 mujeres muertas, según el organismo Católicas por el Derecho a Decidir, que también recopiló un total de 140 mujeres que sobrevivieron a ataque de sus agresores.
El mayor número de mujeres asesinadas pertencen al rango de edades de entre 18 a 35 años, indicó la organización.
“Al no poder marchar en Nicaragua lo haremos en Costa Rica”, dijo a VOA, Claudia Tenorio, activista y feminista exiliada en San José, tras las protestas organizadas en Nicaragua desde el año 2018 y que dejaron más de 300 muertos, según organismos de derechos humanos.
Gobierno ve desde otra óptica los derechos de las mujeres
Pero a pesar de las críticas, la administración de Ortega ve el panorama distinto, de hecho la vicepresidenta Rosario Murillo, resaltó recientemente que su gobierno ha aprobado Leyes en beneficio de las mujeres, como la Ley 82, la Ley Electoral que establece que los partidos políticos o alianzas de partidos que participan en las elecciones Regionales, municipales, de diputados de la Asamblea Nacional y el Parlamento Centroamericano, deberán presentar en sus listas de candidatos y candidatas un cincuenta por ciento de hombres y un cincuenta por ciento de mujeres.
La activista Claudia Tenorio dice al respecto que las cifras son únicamente para maquillar a nivel internacional la aparente igualdad de género porque al final, según dice, las mujeres electas “no tienen ni voz ni voto”.
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Pese a que es una mujer, dijo Tenorio, Murillo “ejerce prácticas machistas” y ordena torturas y encarcelamientos a otras mujeres opositoras que se encuentran detenidas en el marco de la crisis sociopolítica.
También recordó que se han cancelado varias organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como la oenegé María Elena Cuadra, que brindaba acompañamientos a las activistas que quedaban en el desempleo.
El cierre de la organización “es un golpe a las mujeres”, dijo a VOA, Sandra Ramos del Movimiento María Elena Cuadra. “Quedan indefensas aquellas que acudían a nuestras oficinas a solicitar apoyo”.
La socióloga y feminista María Teresa Blandón tiene una idea clara sobre lo que considera como objetivos detrás de estos cierres.
“¿Qué es lo que realmente le incomoda al régimen Ortega-Murillo? Bueno, que sean organizaciones que trabajen de manera autónoma, que no dependan del Gobierno, que no se deban tampoco a los lineamientos y a los intereses políticos del Gobierno”, dijo.
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