“Dejó la mesa servida”, dijo el ex mandatario Enrique Bolaños el 10 de enero de 2007, cuando entregó no solo la banda presidencial sino un país en paz, democracia y económicamente estable al candidato electo y futuro dictador Daniel Ortega.
Así llegaba a su fin la administración del último presidente democrático que gobernó Nicaragua del año 2002 al año 2006.
Durante su mandato, Bolaños enfrenta desafíos significativos en términos de democracia y estabilidad política en el país, al aliarse los intereses corruptos del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) que dirigía el ex presidente y presidiario Arnoldo Alemán con los intereses de poder de la organización militar y violenta del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), a cargo del caudillo Ortega y su familia.
Bolaños durante su mandato se esforzó por fortalecer las instituciones democráticas, promover la transparencia en la administración pública y atraer las inversiones extranjeras para crear las bases de un desarrollo económico que no logró a plenitud por la oposición perversa del pacto PLC-FSLN.
Abandonado por su mismo partido
Conocido popularmente como El Churruco, Bolaños fue elegido en un contexto político complicado y enfrentó la oposición del FSLN y el PLC en la Asamblea Nacional, lo que dificulta la implementación de sus políticas y reformas.
Sin embargo, a pesar de los obstáculos, logró algunos avances en la consolidación democrática del país que sirvieron para un arranque sólido del régimen sandinista y en la firma de importantes acuerdos comerciales que aún perduran, como el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, hoy por hoy, el principal comprador de las producciones nicaragüenses.
Durante su gobierno, Bolaños promovió principalmente la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Se realizaron investigaciones y juicios contra altos funcionarios del gobierno anterior, incluido el expresidente Alemán, quien fue condenado por corrupción y liberado luego gracias al pacto con el FSLN.
Además, Bolaños buscó fortalecer la independencia del poder judicial y promovió reformas para garantizar un sistema judicial más imparcial y transparente, pero el pacto FSLN-PLC desarticuló esos esfuerzos.
Durante su administración se respetó y valoró las libertades civiles y políticas, la libertad de expresión y de prensa, libertad de asociación y de reunión y principalmente los derechos humanos de todos los nicaragüenses.
Bolaños implementó medidas para mejorar la transparencia en el gobierno, promovió reformas legales y creó instituciones independientes para supervisar y combatir la corrupción.
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Estado de derecho
También se comprometió a respetar la separación de poderes y promover el Estado de derecho. Sin embargo, Bolaños enfrentó una serie de desafíos que limitaron su capacidad para avanzar en la consolidación democrática y destinar esfuerzos para combatir la pobreza.
La evaluación del nivel de democracia durante su mandato puede variar dependiendo de las perspectivas y opiniones de los diferentes actores políticos y observadores, pero de lejos no puede compararse con la crisis de derechos humanos de su sucesor, el dictador Daniel Ortega.
Bolaños murió el 14 de junio de 2021 a los 93 años, retirado de la política y administrando la biblioteca digital que lleva su nombre.
A continuación se presentan algunos de los logros destacados durante su gobierno:
1. Estabilidad macroeconómica: bajo el liderazgo de Bolaños, Nicaragua experimentó una mayor estabilidad macroeconómica. Se implementaron políticas fiscales y monetarias prudentes que ayudaron a controlar la inflación y mantener la estabilidad del tipo de cambio.
2. Crecimiento económico: durante su mandato, Nicaragua experimentó un crecimiento económico sostenido. El Producto Interno Bruto (PIB) del país creció a una tasa promedio anual cercana al 4%, lo que contribuyó a mejorar las condiciones económicas y reducir la pobreza.
3. Inversión extranjera: Bolaños promovió la inversión extranjera en Nicaragua como una forma de estimular el crecimiento económico y generar empleo. Durante su gobierno, se implementaron políticas para atraer inversión en sectores clave, como la agricultura, el turismo, el comercio y la industria.
4. Reformas estructurales: el gobierno de Bolaños implementó una serie de reformas estructurales orientadas a mejorar el clima de negocios y fortalecer la competitividad del país. Se llevaron a cabo reformas en áreas como el sistema de aduanas, la simplificación de trámites burocráticos y la promoción de la transparencia y el estado de derecho.
5. Alivio de la deuda externa: durante su mandato, Nicaragua se benefició de programas de alivio de hasta el 80% de la deuda externa, lo que permitió liberar recursos para invertir en proyectos de desarrollo y reducir la dependencia del país de la ayuda internacional.
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6. Sector agropecuario: Bolaños implementó programas y políticas para impulsar el desarrollo del sector agropecuario, que es una importante fuente de empleo e ingresos en Nicaragua. Se brindó apoyo a los agricultores, se promovió la modernización del sector y se buscaron mercados internacionales para los productos agrícolas nicaragüenses.
7. Saneamiento del Seguro Social: Bolaños logró recuperar el desastre financiero que heredó del Seguro Social en la administración corrupta del ex presidente Arnoldo Alemán. Al salir del poder en 2007, Bolaños entregó el INSS con un superávit de 1,183.3 millones de córdobas en las arcas de la institución y una cartera saneada.
8. Bajo la administración Bolaños se impulsó y firmó el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con Estados Unidos (DR-CAFTA) y las negociaciones y bases para un Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica, suscrito finalmente en 2012. Ambos tratados son, en la actualidad, los principales mercados de la producción nicaragüense.
9. Nicaragua, hasta 2006, era considerado el país con mejor seguridad en Centroamérica y con índices de gobernabilidad y transparencia reconocidos internacionalmente. A Bolaños no se le acusó nunca de corrupción, abuso de poder, crímenes de lesa humanidad, impunidad y alteración al orden jurídico.
10. Bajo su administración, y pese a la violencia institucional intrínseca de las fuerzas de seguridad como policía y ejército, nunca hubo señalamientos o sanciones internacionales contra sus funcionarios por violación masiva de derechos humanos, corrupción y crímenes de lesa humanidad.
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