El jueves 13 de junio de 2013 Managua amaneció agitada y sitiada de policías. Organizaciones de la sociedad civil habían convocado a marchar en protesta ante el edificio de la Asamblea Nacional, para rechazar la discusión y aprobación de la “Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructuras y Transporte Nicaragüense Atingente a El Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas”.
Aquel día, bajo sol primero y lluvia después, unas 300 personas con mantas y pancartas que decían “Ortega vendepatria” llegaron a toparse con una barrera de policías y patrullas en las afueras del edificio legislativo mientras adentro se aprobada la Ley 840, conocida en corto como la Ley del Canal Interoceánico.
Días antes, la maquinaria de propaganda de la dictadura sandinista había puesto en marcha a sus voceros, medios y aliados, a apoyar la aprobación de la citada ley que, en resumen y a criterio de un historiador y excatedrático universitario de Managua, entregaba en concesión y por 100 años el país, a un magnate chino desconocido en estas tierras tropicales.
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El más grande acto de vende patria
“Se trata del más grande acto vende patria firmado en la historia de Nicaragua, superando en trascendencia al tratado Chamorro-Bryan de 1914, que era considerado hasta entonces la mayor traición a la patria”, dice el historiador en condición de anonimato por razones de seguridad.
El citado tratado, fue firmado el 5 de agosto de 1914 por el general Emiliano Chamorro, en representación del presidente nicaragüense Adolfo Díaz, y el secretario de Estado William Jennigs Bryan, en representación de Estados Unidos.En concreto, establecía el otorgamiento de Nicaragua a perpetuidad a Estados Unidos los derechos exclusivos y propietarios para la construcción, operación y mantenimiento de un canal interoceánico por la vía del Río San Juan y el Gran Lago de Nicaragua, o por cualquier ruta sobre el territorio de Nicaragua.
Además, concedía Nicaragua a Estados Unidos por 99 años, los derechos a crear bases militares en islas del Caribe y Pacífico para garantizar el control y seguridad de las obras, con posibilidades de arrendar por otro período igual el arriendo del territorio, que sería administrado bajo las leyes estadounidenses.
Ese 13 de junio del 2013, mientras afuera se oían los gritos de los manifestantes, entre ellos ambientalistas, movimientos campesinos, estudiantes y defensores de derechos humanos, adentro las voces más radicales del FSLN, como Wilfredo Navarro, Wálmaro Gutiérrez, Edwin Castro y Gustavo Porras, hacían alardes de defensa de la Ley 840 por más de tres horas que duró el debate.
Sus argumentos eran que con la construcción del canal la economía nacional crecería del 10 al 15 por ciento anual; que el PIB aumentaría hasta 50 veces, que se generarían hasta 200,000 empleos y que el país pasaría a convertirse en una potencia económica en la región con la inversión de más de 50.000 millones de dólares en el canal.
Ortega peor que Adolfo Díaz
Al final de la tarde de ese 13 de junio, la ley se aprobó con 61 votos a favor, 25 en contra, 2 presentes y una abstención que le costó la diputación a la entonces joven diputada sandinista Xochilt Ocampo, una ex concursante de belleza y periodista de mediano brillo en un canal nacional.
A criterio del historiador, Ortega repetía con creces el entreguismo del territorio nicaragüense a un extranjero, en peores condiciones que las otorgadas por el presidente Díaz en 1914.
“Una gran diferencia es que aquel tratado Chamorro-Bryan se firmó de Estado a Estado, de Nicaragua a Estados Unidos, pero el tratado Ortega-Wang se firmó entre un Estado y un empresario chino, que no es un Estado lo cual es peor”, señala.
“Las diferencias entre Díaz y Ortega son, a la luz de la historia, el discurso ideológico que justificó la venta de la patria en ambos eventos. Ortega en nombre del pueblo desde la izquierda y Díaz en nombre del pueblo desde la derecha conservadora”, dice el historiador.
El Acuerdo Marco de Concesión e Implementación y la Ley del Gran Canal Interoceánico establecen que es obligación del Estado garantizar al concesionario el “acceso y derecho de navegación en ríos, lagos, océanos y otros cuerpos de agua dentro de Nicaragua y en sus aguas, y el derecho de extender, expandir, dragar, desviar o reducir tales cuerpos de agua”.
Además, el Estado renunció a demandar a los inversionistas en tribunales nacionales e internacionales por cualquier daño causado al ambiente durante el estudio, construcción y operación de proyecto.
Obra faraónica en papel sobre los derechos del pueblo
El proyecto integral del Gran Canal, según HKND, incluiría seis subproyectos: el canal, esclusas incluidas, dos puertos, una zona de libre comercio, centros turísticos, un aeropuerto internacional y varias carreteras.
Otras obras anexas son la construcción de una central eléctrica, una fábrica de cemento y otras instalaciones industriales relacionadas para garantizar la provisión de materiales y asegurar la finalización con éxito del canal en cinco años, a partir de 2014, cuando oficialmente arrancó el proyecto.
El trazado del canal tiene 278 kilómetros de longitud, 520 metros de ancho y hasta 30 metros de profundidad.
La vía atravesaría 105 kilómetros del lago Cocibolca y debería estar listo, según lo anunciado en 2013 y ratificado en 2014, a fines de 2019, a un costo superior a 50.000 millones de dólares, más de cuatro veces el producto interno bruto (PIB) de este país de 6,5 millones de habitantes, de los que 40 por ciento viven en condición de pobreza.
HKND recibió la concesión de administración por 50 años, más otros 50 prorrogables, si así lo deseaba, a cambio de un pago de diez millones de dólares cada año durante la primera década, y el derecho al uno por ciento del patrimonio de los “subproyectos” que se elevaría hasta el 99 % al finalizar la concesión.
Ortega entregó tierra, aire y aguas de Nicaragua
Citando una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, introducida por ambientalistas y organizaciones de derechos humanos, el historiador cita algunos puntos que a su criterio evidencian el entreguismo de Ortega al empresario chino Wang Jing.
“Ortega entregó todos los derechos de uso de tierra, aire, agua, espacios marítimos y recursos naturales, incluyendo derechos totales sobre el Gran Lago, nuestra principal reserva de agua potable y de cualquier fuente de agua”, lee.
“En la ley se dice que la concesión es por 100 años, pero el análisis jurídico demuestra que Ortega cedió a criterio del empresario Wang Jing la sumisión del país a cualquier interpretación de la ley, de modo que si Wang Jing dice que la concesión debe entenderse de forma ilimitada en el tiempo a su favor, Nicaragua no tiene defensa jurídica para oponerse”, dice.
“La ley 840 dice que cualquier propiedad de la nación nicaragüense, de carácter municipal, regional o nacional, podrá ser expropiada a favor del concesionario, sin que éste tenga que pagar ninguna indemnización. Prácticamente, se entregan las tierras y bienes de la nación, incluidos los recursos naturales, al empresario chino”, lee.
Inolvidable: ejército y policía sirviendo al empresario extranjero
“Y más allá de eso, de lo que dice el papel, lo que se vio fue a Ortega poniendo al Ejército, a la Policía, a los poderes públicos, al servicio del empresario chino y sus delegados. Es un acto vergonzoso de traición a la patria real y constatable”, reza el historiador.
La aprobación de la ley 840 el 13 de junio, dio inicio a las protestas más largas y multitudinarias del movimiento campesino en todo el territorio, bajo condiciones de represión, amenazas y violencia estatal.
Los líderes campesinos fueron hostigados, perseguidos, amenazados, detenidos, exiliados y encarcelados. Ortega usó el discurso del canal para prometer prosperidad en sus discursos políticos hasta que la realidad lo obligó a sacar de su pobreza verbal el tema del canal, cuando se enteró que Wang Jing caía en desgracia económica.
La última vez que Ortega habló del canal fue en septiembre del 2022, durante las fiestas patrias y después de hablar de los vende patrias. “El canal en algún momento será una realidad aquí en Nicaragua ¿Por qué? Porque es cierto que hay un canal por Panamá que ha sido ampliado, pero las demandas del tráfico internacional son tan grandes que se hace necesario el canal por Nicaragua», dijo sin convencimiento.
Un discurso lejano en energía comparado a aquel de diciembre de 2014 cuando dio por inaugurada las obras del proyecto.
Los barcos que Ortega nunca verá
La foto de Ortega posando ante las cámaras junto al empresario chino Wang Jing, presidente de la firma del grupo Hong Kong Nicaragua Canal Development (HKND), a cargo del proyecto del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, en manos de ambos el tratado, sigue viva y circulando en internet.
Lo que nunca circuló fue un solo barco y de aquellas promesas solo quedan los artículos periodísticos y los memes que de vez en cuando circulan para días festivos y vacaciones: “Se informa que para el día X el canal seguirá funcionando normalmente y no cerraremos el tráfico”.
«El mayor proyecto de ingeniería civil de la historia», se empezó a desmoronar con las noticias de la pérdida de la fortuna del socio chino de Ortega, quien finalmente desapareció del radar noticioso después de mayo del 2021, cuando se informó que la Bolsa de Valores de Shanghái expulsó del mercado bursátil a la empresa Beijing Xinwei Technology Group Co., Ltd. (Xinwei Group) y a su presidente, Wang Jing, por malas prácticas.
Aquel entusiasta vocero del proyecto, Telémaco Talavera, desapareció también de la palestra pública junto al coro de aplaudidores del proyecto del canal y de aquella megaobra en papel solo queda una ley vigente y la certeza de que Ortega nunca verá pasar un barco de costa a costa de Nicaragua.
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