Nicaragua es una economía pequeña que no ha podido impulsar aún más el crecimiento y los ingresos per cápita, de acuerdo a organismos multilaterales, pero detrás de las cifras hay una cultura política caudillista, hegemónica y conflictiva que estanca también el desarrollo del país.
Nicaragua ha tenidos unos seis dictadores desde que el país tiene presidentes: Tomás Martínez, José Santos Zelaya, Anastasio Somoza García, Anastasio Somoza Debayle, Luis Somoza Debayle y Daniel Ortega Saavedra, este último entre los dictadores que más tiempo ha ostentado el poder en Hispanoamérica.
En la historia reciente, la dictadura dinástica de los Somoza (1937-1979) privilegió los altos puestos militares y políticos al círculo cercano de la familia en el poder, el que concentraba la riqueza en medio de carencias sociales. Logró impulsar la economía convirtiendo a Nicaragua en el «granero de Centroamérica».
Pero 44 años después, el país sigue bajo la bota de otro verdugo que presume de un rango militar y demanda llamarse «comandante Daniel Ortega». Con la diferencia que en la actual dictadura la economía está en declive, la migración alcanzó cifras alarmantes. Además del deterioro sistemático de la institucionalidad, está señalada de cometer crímenes de lesa humanidad, suma una ristra de sanciones internacionales y de aliados tiene a regímenes como Rusia, China e Irán que no aportan nada al desarrollo económico y social del país.
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Indistintamente de las corrientes políticas, los nicaragüenses han soportado regímenes corruptos e injustos que silencian el debate público y mantienen el control de la sociedad a través de las armas. Hay un sistema que incrementa la desigualdad y empobrece a la nación.
Impacto económico
Expertos deploran que las ansias de poder de una familia lleven al despeñadero el desarrollo económico del país. La actual dictadura ha mezclado la política con la economía y utiliza la extorsión, el endeudamiento externo y la represión para oxigenarse.
La crisis sociopolítica ha salpicado la debilitada economía al empujar que países socios apliquen sanciones internacionales por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Y la solución de Ortega ha sido nuevamente endeudar al país con tal de continuar atornillado a la silla presidencial.
En 2022 la deuda externa total fue de 14,903.7 millones de dólares, según un informe del Banco Central de Nicaragua (BCN).
«Cada dólar que se paga a la deuda externa, es un dólar que no se destina a mejorar las condiciones de vida de los nicaragüenses, eso tiene que ver con el empleo, con los salarios y con el bienestar de la población nicaragüense», explica el economista Enrique Sáenz.
El investigador Manuel Orozco, de Diálogo Interamericano, señala además que «la represión del régimen ha provocado una migración a gran escala debido al miedo y a la falta de oportunidades económicas, lo que a su vez ha aumentado el tamaño de la economía informal, mientras el trabajo de la fuerza laboral ha disminuido con grandes pérdidas en el crecimiento del empleo formal».
Los nicaragüenses migrantes logran sostener el 22% del Producto Interno Bruto (PIB) con el envío de remesas familiares.
País fachada
A lo lejos también quedó la «Nicaragua: el granero de Centroamérica». Hoy en día hasta se le califica de «país fachada» por querer vender una imagen de paz, tranquilidad y bienestar que no existe.
El flujo de la Inversión Extranjera Directa (IED) como porcentaje del PIB decreció el año pasado. Por supuesto, los inversionistas buscan estabilidad jurídica y política.
El principal socio comercial sigue siendo Estados Unidos, sin embargo, el dictador insiste en atacar al país norteamericano y apostar por sus aliados políticos de Asia y Oriente Medio.
Si se trata de turismo, Nicaragua no es el destino más atractivo en la región, según las revistas dedicadas al sector. Por encima se encuentran Costa Rica, Panamá y Guatemala. A pesar de su belleza natural y de ser el destino más barato, el país se ha visto opacado por las guerras y la inseguridad social que proyecta.
Impacto social
Sin embargo, ni con una macreconomía «estable» las familias nicaragüenses dejan de pasar hambre. El desempleo y la carestía de la vida siguen siendo los principales problemas del ciudadano de a pie.
Un reciente informe reveló que 8 de cada 10 personas de la población laboral nicaragüense «no disfruta propiamente del derecho al trabajo», y quienes trabajan reciben salarios que no cubren la canasta básica.
En medio de esta problemática, los trabajadores han sido silenciados por una dictadura que controla hasta los sindicatos.
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Tampoco es de extrañar que Nicaragua esté entre los países más corruptos de la región. Transparencia Internacional confirma que, incluso, cada año va peor. Los gobiernos corruptos y dictatoriales no son fiscalizados, no rinden cuentas, no protegen a las personas y causan pobreza, mientras enriquece a un grupo selectivo.
El régimen de Ortega no ha podido salvar ni las finanzas del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), tras usarlo como «caja chica» para sus allegados.
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Adoctrinar a la sociedad es parte de los rasgos de estos regímenes: Rendir culto a la personalidad, formar un pensamiento único y contar la historia a favor del dictador.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha «redefinido las reglas de la educación, subordinado el aprendizaje al credo de obediencia de la dinastía, prohibido los libros y la literatura como sacrilegio, incluso alegando que la desviación del régimen constituye exclusión de los servicios públicos (incluido el acceso a la salud) y un acto delictivo de conspiración contra el Estado», señaló el investigador Manuel Orozco.
La situación también se observa en la cancelación de más de dos mil oenegés con el objetivo de «eliminar toda forma de pluralismo político y social». «Está criminalizando la democracia», sostuvo.
Dictaduras cuestan vidas
Las dictaduras dejan estela de sangre a su paso para mantenerse en el poder. El Grupo de Expertos de Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU (GRHEN, por sus siglas en inglés) determinó que Ortega y Murillo cometieron crímenes de lesa humanidad desde las protestas sociales de 2018.
Organismos humanitarios han determinado que, ese año, al menos 355 personas fueron asesinadas por la policía y grupos paramilitares de la dictadura totalitaria.
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La activista y defensora de derechos humanos Alexa Zamora señala que «las dictaduras hacen que los proyectos de desarrollo económico, social, de inversión en salud y educación se estanquen o retrocedan; pulverizan la institucionalidad de un país y construirla requiere mucho tiempo«.
Una dictadura «se caracteriza por el enriquecimiento ilícito de quienes detentan el poder y su círculo cercano», dijo a Nicaragua Investiga.
Cultura política nicaragüense
Según la política, sufrir dictaduras es una «cuestión cultural» y los gobiernos de transición democrática o en democracia «no han hecho que la participación ciudadana sea un eje fundamental».
«(Los nicaragüenses) esperamos que quienes están en el poder resuelvan los problemas del país, pero la labor del ciudadano es también mantenerse involucrado», explicó.
El activista Juan Diego Barberena, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), coincide en que la detentación del poder por regímenes dictatoriales ha impedido el desarrollo del país y la construcción de una cultura política democrática.
«Vivimos una grave situación que no hemos podido construir un Estado, ni una identidad nacional que impida la repetición cíclica de regímenes autoritarios y dictatoriales», lamentó.
Barberena ejemplicó a Nicaragua Investiga la guerra intestina en el poder de Juan Argüello contra Manuel Antonio de la Cerda (1825-1828) en Nicaragua. A diferencia del país vecino de Costa Rica, cuyas élites se pusieron de acuerdo desde la cesación de la Federación Centroamericana (1838).
¿Cómo salir de las dictaduras?
Para Alexa Zamora, una de las soluciones es invertir en la educación. «Crear mecanismos que devuelvan al ciudadano la confianza en participar, en tener incidencia. Hemos tenido tantas malas administraciones, modelo no democráticos, gobierno que se mantuvo en el poder por las armas, que se requiere construir procesos que involucren más al ciudadano en la función pública», dijo.
Un grupo de opositores plantea que, entre las estrategias para «recuperar» el país post dictadura, se debe establecer un «nuevo contrato social«, procurar la justicia transicional, el restablecimiento de la institucionalidad democrática y Estado de derecho, entre otros pasos.
Defensores de derechos humanos proponen 30 medidas de justicia transicional en Nicaragua que incluye eliminar los pactos y las amnistías; refundar las instituciones, juzgar a los responsables de crímenes de lesa humanidad y construir «memoria histórica» para que las víctimas sean escuchadas y las generaciones no olviden los hechos.
Nicaragua Investiga
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