Confesiones que evidencian que el Ejército ha reprimido opositores antes, durante y después del 2018

Aunque el Ejército lo niega, es de las mismas filas del gobierno y del Frente Sandinista que salen evidencias de su papel represor de opositores.

La participación del Ejército de Nicaragua en los acontecimientos de 2018 es un tema que ha sido puesto sobre la palestra pública por grupos de derechos humanos y disidentes de la institución castrense, pero la alta comandancia militar rechaza las críticas y su involucramiento, bajo el argumento de que se trata de “campañas calumniosas”.

Pero estos señalamientos toman fuerza por declaraciones de Daniel Ortega; del jefe del Ejército, general Julio César Avilés Castillo; de la exministra de Gobernación, Ana Isabel Morales; y circulares de excombatientes sandinistas que comandan fuerzas paramilitares.

Exguerrillero sandinista Leopoldo Rivas «bendecido» con más de US$34 mil por “asesoría” militar y civil

El mandatario sandinista brindó una entrevista en julio de 2018 al medio de comunicación Euronews, a tan solo semanas después de las protestas, en la que aseguró como “cifras reales” que en los últimos meses más de 30 miembros del Ejército fallecieron en enfrentamientos con grupos que la oposición catalogaba como «patriotas».

Igualmente negó que en las protestas de semanas antes hubieran sido asesinadas más de 300 personas, tal como reportaban organismos defensores de derechos humanos tanto nacionales como internacionales.

“La cifras reales de estos enfrentamientos que se han venido desarrollando, que se desarrollaron desde el 19 de abril, ya fue el enfrentamiento violento, armados entre la oposición y el gobierno, y la policía y la población sandinista, da como resultado 195 (fallecidos)», dijo.

Paramilitares en los acontecimientos de 2018 con armas de guerra. Foto: Redes sociales

Ortega igualmente confesaba la existencia de grupos de rearmados en Nicaragua con fines políticos, algo que tanto la Policía y el Ejército habían negado de manera categórica durnte 11 años, asegurando que eran bandas delincuenciales cada vez que eran desarticuladas con un costo humano bastante alto.

«Este dato es bien importante. Desde diciembre del año pasado aquí en Nicaragua, además de los fallecidos por delitos comunes teníamos 25 policías y 25 policías voluntarios muertos por las bandas armadas, 32 militares del ejército; y más, 47 campesinos. Bandas armadas que estos organismos de derechos humanos defendían como patriotas, bandas armadas que han ido asesinando y que ellos defienden como patriotas. Y en Estados Unidos tienen su base de propaganda en Miami, así que este no es un fenómeno nuevo sino que vino ahora del campo a la ciudad», aseguró Ortega.

En septiembre de ese mismo año, Ortega habló con la cadena alemana Deutsche Welle (DW) y remarcó la cifra. “Aquí tengo un total de 150 asesinados por estos grupos que se presentaban como patriotas. Entre ellos, 47 productores del campo, 32 miembros del Ejército, 27 policías voluntarios”, le dijo con firmeza a la periodista Carolina Chimoy.

La postura del Jefe del Ejército

El Jefe del Ejército de Nicaragua, general Julio César Avilés, ha rechazado los señalamientos que apuntan que la institución castrense estuvo involucrada en estos enfrentamientos de 2018 y asegura que todo se trata de una “campaña brutal” para desprestigiarlos. 

“Ha habido una campaña brutal contra esta institución, que es la que ha venido poniendo los muertos, el sudor, la sangre y el sacrificio por tratar de mantener a Nicaragua en esas condiciones deseables de seguridad, de tranquilidad, estabilidad y buscando cómo de manera permanente afianzando la paz”, respondió cuando un periodista oficialista le hizo la pregunta durante un encuentro de las autoridades castrenses, en julio de 2019.

Afirmó que el Ejército “no hizo nada para llevar al país a la situación que hemos vivido a partir del 2018 y no hemos hecho nada para agravarla. Sin embargo, aquí ha habido un ataque contra la institución”, reiteró, aunque sostuvo que familiares de miembros del Ejército recibieron “ataques personalizados”.

«Imagínense ustedes un capitán que manda a 100 hombres, 100 hombres son 100 fusiles, 100 fusiles son tres mil tiros, que ese capitán que tal vez agredieron su familia tome una decisión, porque también es ser humano y tiene sentimientos, sale con sus 100 hombres, esos tres mil tiros se van en menos de cinco segundos”, aseguró.

Julio César Avilés aparece en eventos políticos junto al mandatario nicaragüense y es muy leal a la dictadura de Ortega-Murillo. Foto | Prensa oficialista

El General Avilés está sancionado por Estados Unidos por negarse a desmantelar “las fuerzas paramilitares durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril de 2018”.

“Los militares proporcionaron armas a la parapolicia que llevó a cabo actos de violencia contra el pueblo nicaragüense, que resultó en más de 300 muertes, actos de violencia significativos y abuso de los derechos humanos contra personas asociadas con las protestas», dice el documento oficial del gobierno de Estados Unidos.

Revelaciones que involucran al Ejército

La exministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, reapareció en marzo de 2019 dirigiendo una reunión de militantes sandinistas. En un video que circuló en las redes sociales se escucha a la exfuncionaria afirmar que el aparato de inteligencia del Ejército de Nicaragua estaba trabajando en los barrios para identificar a los “opositores” al gobierno y que era importante la “información operativa” para lograr el objetivo.

“Nosotros ya sabemos cómo es eso, cómo es ese juego. Los viejos tenemos que enseñarle a los más jóvenes el contrachequeo y la vigilancia; apoyar a los compañeros de la inteligencia policial y de la inteligencia del Ejército que está trabajando en el territorio para montar puntos de vigilancia operativa”, manifestó Morales.

Las declaraciones de la exministra contradicen las del Jefe del Ejército, quien sostiene que la institución se ha mantenido al margen de los acontecimientos iniciados en abril de 2018.

Otra evidencia que demuestra el involucramiento de miembros del Ejército, es una circular de la Comisión Nacional de Atención al Sandinismo Histórico dirigida a coordinadores nacionales y firmada por Leopoldo Rivas Alfaro, como comandante guerrillero y de brigada, que orientaba desactivar totalmente las estructuras y funcionamiento del sandinismo histórico y dejar de recolectar información.

Se había orientado por parte nuestra y no del mando superior recolectar información sobre actividades enemigas y transmitirse a la Policía Nacional y el Ejército a nivel territorial, tarea que se cumplió también en parte con características singulares”, indica la circular con fecha del 28 de marzo de 2022, en la que también prohibió “continuar organizando y funcionando redes de inteligencia o contrainteligencia de cualquier naturaleza”.

Circular de la «desactivación del sandinismo histórico» que involucra a Ejército de Nicaragua.

“Grupos mostraron un nivel de organización y preparación muy superior a fuerzas de choque”

La misión del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI) presentó un informe de la violencia estatal ocurrida en 2018 donde “pudo verse la actuación de grupos con un alto poder de fuego y organización que salieron a las calles utilizando armas de guerra”, quienes mostraron un nivel de organización y preparación muy superior al de los tradicionales grupos de choque.

El informe además, revela que a este grupo se le vio utilizando camisas de algún color como distintivo de color azul y verde. La información reunida por el GIEI también detalla que “un grupo de militantes históricos cercanos a Ortega se dedicaron a visitar varias ciudades del país a fin de reclutar exmilitares, desmovilizados del Servicio Militar Patriótico, oficiales retirados del Ministerio del Interior y militantes históricos, para integrarlos a los grupos paraestatales. Algunos de los reclutadores eran altos oficiales del ejército en condición de retiro”.

“En el mes de mayo de 2018 se empieza a observar la participación de estos grupos, aunque su actuación más notoria se verificó en los meses siguientes”, dice otra parte del informe que ha sido rechazado por Ortega, mientras que el General Avilés no ordenó desarmar estos grupos muy superior a las demás fuerzas que reprimieron en 2018.

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