La Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), ha sido uno de los principales donantes para la asistencia de desastres naturales y el desarrollo de Nicaragua. Esta cooperación ha inyectado grandes cantidades de dinero en los años de gobierno del presidente Daniel Ortega, por lo cual la “procedencia esos fondos es incuestionable”.
Pero el gobierno sandinista pretende criminalizar la cooperación estadounidense y vincularla al presunto “lavado de dinero y activos”, luego que la Fundación Violeta Barrios Chamorro (FVBC), que era manejada por la precandidata Cristiana Chamorro, recibiera supuestamente “fondos” para capacitar a periodistas críticos a la administración sandinista.
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“Kevin Sullivan deberían de citar”
Yader Morazán, exfuncionario del Poder Judicial, sostiene que a todas luces este es un “proceso político y no jurídico, porque se lava lo que viene sucio, nunca se lava lo que está limpio”. Explica que si el caso se trata sobre fondos ilícitos y están cuestionando a USAID, el embajador de los Estados Unidos en Nicaragua es la persona que debe ser citada por la justicia nicaragüense.
“A quien deberían de citar es al embajador Kevin Sullivan, que es el representante de Estados Unidos en Nicaragua y de alguna forma ha servido de intermediario para acceso de esos fondos”, dice Morazán.
Morazán, quien se encuentra exiliado en Estados Unidos, dice que la USAID es dirigida por el Departamento de Estado. “No vamos cuestionar la procedencia o solicitud de esos fondos, ya que lavado de dinero es provenientes de actividades ilícitas y como productos de estos frutos, se hacen actividades legales y circulan sin ningún problema en el sistema financiero”.
Gobierno obtuvo fondos de USAID
El exfuncionario del Poder Judicial manifiesta que los fondos provenientes de la cooperación estadounidense, “son los mismos fondos que ha accedido el gobierno”. “Para nadie es un secreto que, por ser nosotros un tercer país hispanoparlante más pobre del mundo, vivimos de las donaciones”, remarca.
Hasta el Ministerio Público de Nicaragua ha recibido fondos de #USAID.(ver libro)
Las instituciones del Estado están llenas de libros como estes. ???? pic.twitter.com/zvt7K29k3S
— Yader Morazán ???????????? (@YaderMorazan) May 25, 2021
Morazán señala que después de 2012, cuando se creó la ley 779, se inyectó al Estado mucho dinero de la cooperación. “Desde las instituciones del Estado, yo fui preparado por la Organización de los Estados Americanos”.
Ortega no toca dinero de la USAID
Daniel Ortega no toca ningún centavo de donación proveniente de USAID, por la falta de “credibilidad” y “confianza” en la comunidad internacional. El año pasado, por medio de USAID, se canalizó 750 mil dólares para combatir el Covid19. Este dinero no pasó por las manos del mandatario sandinista.
Luego, Kevin Sullivan entregó 100 mil dólares para las víctimas del huracán Eta. Por consiguiente, hubo otro donativo 1.5 millones de dólares para proveer asistencia vital a las comunidades más afectadas por el segundo fenómeno natural Iota.
Estos fondos no fueron entregados a Ortega, sino que fueron administrados por organizaciones humanitarias internacionales.
Kevin Sullivan mostró esta imagen para exigir a la Policía Nacional que regresara vehículos donados. Foto | Cortesía
El 25 de junio de 2018, cuando el gobierno sandinista usó la fuerza policial para reprimir a los manifestantes, el embajador norteamericano exigió a la Policía Nacional la devolución o pago de vehículos donados por USAID. El reclamo fue porque eran usados para reprimir protestantes pacíficos. La Policía cooperó y regresó las camionetas al día siguiente.
Desde entonces, el gobierno sandinista mantiene un discurso constante de que la cooperación estadounidense ha patrocinado supuestamente a los opositores más de 200 millones de dólares, para desestabilizar el país, pero hasta el momento no muestran prueba de ello y solo ha sido una retórica que propagandística para ocultar más de 300 muertos que dejó la represión estatal de 2018.
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Caso Chamorro tiene tintes políticos
Los analistas políticos apuntan que el caso de Cristiana Chamorro y su vinculación con periodistas, tienen colores políticos para inhibir su candidatura y callar a la prensa.
Y desde el punto de vista jurídico, “se utiliza al sistema judicial como instrumento para criminalizar una resistencia de cara al proceso electoral”, dice Morazán, quien destaca que una organización civil desde su nacimiento, vida, desarrollo y todavía su liquidación está regida por la Ley.
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“Está sujeto a muchas regulaciones como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que revisa las donaciones. Ante los bancos tienen que presentar la procedencia de esos fondos a la hora de crear una cuenta y así como persona jurídica poder acceder al dinero”.
También están sujetos a las regulaciones al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) para el pago de las cotizaciones de sus trabajadores. De igual forma están controlados y fiscalizados por la Dirección General de Ingresos (DGI).
Nicaragua Investiga
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