Los opositores que pretenden enfrentar a Daniel Ortega en las elecciones presidenciales, tienen que pasar por un “campo minado”, el cual ha venido preparando el líder sandinista desde hace meses atrás, mediante un combo de leyes hechas a su medida para “inhibir” a los precandidatos en una supuesta “legalidad”.
Así le arrebató la personería jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD), luego de concretar una alianza “de hecho” con varias organizaciones de la Coalición Nacional. El PRD fue atacado por un grupo de pastores evangélicos mediante una impugnación que, a juicio de los analistas políticos, careció de “asidero legal”.
El nuevo Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por magistrados sandinistas, resolvió en menos de 24 horas la impugnación a pesar que en la Ley Electoral no establece como un riesgo las alianzas “de hecho”, pero el caso se resolvió con “aparente legalidad” bajo el artículo 52 de la Constitución Política.
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“Los ciudadanos tienen derecho de hacer peticiones, denunciar anomalías y hacer críticas constructivas, en forma individual o colectiva, a los Poderes del Estado o cualquier autoridad; de obtener una pronta resolución o respuesta y de que se les comunique lo resuelto en los plazos que la ley establezca”, reza dicho artículo en la resolución entregada al presidente del PRD, Saturnino Cerrato.
El primer mensaje del CSE
Bonifacio Miranda, experto en temas constitucionales, explicó mediante un artículo de opinión en Confidencial que, despojar del PRD de su personería jurídica fue un mensaje claro para los candidatos de la UNAB.
“Es imposible encontrar asidero jurídico a esta resolución. La defensa de la naturaleza confesional del PRD, que argumentan los magistrados, es contraria al Estado laico consagrado en el artículo 14 de la Constitución. Pero el primer mensaje ha sido claro: la dirigencia del PRD ha sido castigada por pretender abrir sus listas a los candidatos de la UNAB”, expone el experto.
El PRD se quedó sin la casilla 14 de un solo golpe. Y en ese mismo sentido, en un solo tajo inhibió a los seis precandidatos inscritos oficialmente en la Coalición Nacional. “Fue la justificación perfecta para que los nuevos magistrados estrenaran labores”, afirma Miranda. Esto no lo vio venir el PRD, la Coalición Nacional y ningún otro partido político.
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“El otro mensaje es que la dictadura puede ilegalizar a cualquier otro partido político, sencillamente porque no existe el Estado de Derecho”, puntualizó Miranda.
Eliseo Núñez, analista político, reafirma que el despojo de personería jurídica de los partidos políticos ha obedecido a la lógica de Ortega de escoger con quien se enfrenta. “La otra lógica es deslegitimar a quienes se le enfrentan, son las dos cosas que hace”.
El segundo mensaje del Ministerio de Gobernación
El Ministerio de Gobernación (Migob), el nuevo “super vigilante” del gobierno, envió un mensaje claro a la aspirante presidencial independiente, Cristiana Chamorro, acusándola de supuesta “inconsistencia” y de presunto “lavado de dinero” en las finanzas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.
Con esta nueva “investigación”, los analistas políticos advierten que se trata de una nueva “estrategia” para buscar la forma de inhibir a Chamorro de las elecciones presidenciales, quien repunta en las encuestas como la candidata favorita de los nicaragüenses.
Cristiana Chamorro saliendo del Ministerio de Gobernación al ser citada el 20 de mayo por «inconsistencias» contables. Foto | Nicaragua Investiga
Gabriel Álvarez, experto en temas electorales, explica que el hecho de que una persona sea investigada no presupone ninguna irregularidad y aún en el supuesto de que existieran sospechas, pues el principio constitucional que rige en estos casos es la presunción de inocencia.
Por lo que, si el CSE a partir de esta situación inhibiera a Chamorro, “pues sería otro atropello, como el que se ha hecho con los partidos políticos”, detalló Álvarez.
El combo de leyes, es la espada de Damocles
Daniel Ortega utilizó una estrategia amenazante como la espada de Damocles, al adherir en la nueva Ley Electoral, la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Estas dos últimas leyes son armas poderosas que prohíben a los candidatos cumplir los requisitos “legales” para participar en las elecciones. Por ejemplo, la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo establece en su único artículo que los “traidores a la Patria no podrán optar a cargos de elección popular”, un discurso típico que ha venido divulgando el gobierno sandinista.
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José Pallais, abogado constitucionalista, se refiera a dichas normativas alegando que “Ortega ha venido preparándose con leyes antidemocráticas y excluyentes, para que él pudiera escoger quienes van a participar en las elecciones”.
El experto dice que el caudillo sandinista no quiere que los nicaragüenses decidan, “Ortega decide por los nicaragüenses, decide el cómplice que va a ir en las boletas, él es el que está eligiendo, no hay elección para el pueblo de Nicaragua”, insistió.
Esta misma opinión la comparte Eliseo Núñez destacando que el líder sandinista “escoge con quien se enfrenta” en las elecciones, y el candidato que participa “sufre desprestigio”.
“La pregunta de todos es: ¿por qué lo mantiene? Eso es ni más ni menos de lo que hacía con los presos, que echaba preso a una persona y a otras no, tratando de hacer que la gente creyera que había favoritismo por alguna razón o arreglo con alguien”, sostiene Núñez.
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