La Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) decidió no desembolsar, por ahora, los 116.6 millones de dólares aprobados a Nicaragua para ejecutar el Proyecto Bio-CLIMA que pretende reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en la reserva natural de Bosawás y la biósfera de Río San Juan; y que, sin embargo, es considerado una amenaza para los pueblos indígenas víctimas de ataques de colones.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas es uno de los mecanismos financieros destinados a apoyar a los países en vías de desarrollo en la implementación de sus políticas frente al cambio climático.
El Banco Centromericano de Integración Económica (BCIE) es la institución encargada de movilizar los recursos en la región y, a pesar que en 2020, aprobó el millonario préstamo a Nicaragua, el monto se mantiene congelado.
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El directorio del Fondo Verde tomó su decisión tras analizar el informe presentado por el Mecanismo Independiente de Reparación (MIR) que, en 2021, recibió una queja contra el proyecto.
Los denunciantes señalaron que el Estado nicaragüense no ha cumplido con divulgar información sobre el proyecto y con promover la participación de los habitantes de las comunidades, entre otros incumplimientos.
El MIR, tras evaluar la denuncia, recomendó dar respuesta a los indígenas y afrodescendientes, quienes han sido desalojados o alejados de sus tierras por miedo a los invasores. Esto como parte de los acuerdos que Nicaragua debería cumplir para llevar adelante el proyecto.
Estado debe cumplir con las políticas de Fondo Verde
El MIR recomienda, además, que un «tercero independiente y competente», designado por la AE (entidad acreditada) y aprobado por la Secretaría de la FVC, analice de forma objetiva e imparcial la situación de conflicto en el área. El análisis debe realizarse después del primer desembolso, pero antes que se ejecute el proyecto.
También debe preparar un informe en materia de derechos humanos, tales como «el espacio disponible para que actúe la sociedad civil (incluidos los que apoyan a las comunidades y pueblos indígenas), la libertad de expresión, la libertad de reunión de los pueblos indígenas, la libertad de asociación, el debido proceso legal, el acceso a la justicia y reparación por ataques violentos y otras cuestiones relevantes para el éxito del proyecto».
Por su parte, la Junta Directiva del Fondo Verde anunció que la publicación final de las decisiones tomadas con respecto a Nicaragua estará disponible en los próximos días. Por el momento, se desconoce el plazo que estarían dando al régimen de Ortega para cumplir con las políticas del FVC.
Activistas y ambientalistas de Nicaragua han alegado que el régimen de Daniel Ortega utilizará los recursos para «oxigenarse» financieramente y el proyecto expone a los indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe nicaragüense a más violencia por parte de colonos con la complicidad del Estado.
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