El Gobierno español ha concedido la nacionalidad a Félix Alejandro Maradiaga Blandón, uno de los dirigentes opositores nicaragüenses más conocidos, a quien el régimen de Daniel Ortega despojó de su ciudadanía y convirtió en apátrida. El decreto aparece publicado este viernes 6 de noviembre en el Boletín Oficial del Estado.
La medida se aplica por carta de naturaleza, una vía excepcional y discrecional que el Ejecutivo puede usar cuando aprecia circunstancias extraordinarias, sin ceñirse a los plazos o requisitos ordinarios de residencia. La propuesta partió del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños.
Maradiaga, académico y activista nacido en Jinotega en 1976, fue precandidato presidencial en 2021. Detenido ese año, pasó meses en prisión antes de ser expulsado en febrero de 2023 junto a otros 221 presos políticos hacia Estados Unidos, momento en el que perdió la nacionalidad nicaragüense. España ya ha extendido este tipo de reconocimiento a más de 200 nicaragüenses (políticos, periodistas, activistas, religiosos y defensores de derechos humanos) que quedaron en la misma situación por decisiones de las autoridades de Managua.
En el mismo paquete de decretos, el BOE también reconoce la nacionalidad española a otras figuras, entre ellas la exembajadora de Estados Unidos en España y Andorra, Julissa Reynoso Pantaleón; el exdiputado opositor venezolano Marco Aurelio Quiñones Gómez; y la exministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy. Todas las concesiones se justifican por “circunstancias excepcionales”.
Esta fórmula de carta de naturaleza permite al Gobierno español actuar con rapidez y flexibilidad en casos de persecución política o pérdida arbitraria de la ciudadanía, sin exigir el periodo de residencia habitual. En el caso de los nicaragüenses, se ha convertido en el principal mecanismo de protección documental desde 2023.
La decisión llega en un contexto en el que cientos de opositores y críticos del régimen de Ortega-Murillo siguen en el exilio o en situación de apatridia de facto, y refuerza la línea que Madrid mantiene de ofrecer una salida legal a quienes han perdido su pasaporte por motivos políticos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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