A solicitud del dictador Daniel Ortega, la Asamblea Nacional, aprobó este miércoles con «trámite de urgencia» la reforma a la Ley de Correduría de Bienes Raíces de Nicaragua, la cual establece una serie de cambios referentes al control sobre este importante sector de la economía.
La reforma fue aprobada con el voto de 86 diputados, 0 en contra, 0 abstenciones, 5 presentes.
La ley contempla que los prestadores de servicios de bienes raíces deben registrarse ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF), sin embargo, mantiene como ente regulador al Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific).
Igualmente se obliga a las empresas y personas naturales que se dedican a la venta y alquiler de bienes inmuebles a pagar licencias que van de 50 a los 400 dólares. Por ejemplo, una persona natural pagará 200 dólares por la licencia de corredor de bienes raíces.
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También se establecen multas de hasta 350 dólares, para faltas graves, y 100 dólares para faltas leves.
Entre las faltas leves se estipula no tener en lugar visible la licencia, operar con licencia vencida y no presentar la lista de agentes ante el Mific.
Entre las faltas graves está el no cumplir con lasdisposiciones establecidas por el Mific, no contar con los libros y demás documentos de su labor y la reincidencia de faltas leves.
El diputado oficialista y presidente de Comisión de Economía y Presupuesto, Wálmaro Gutiérrez, defendió la medida y aseguró que con ella se «contribuye al ordenamiento jurídico de la actividad».
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