Costa Rica le mete velocidad a su estrategia de mano dura contra la alta criminalidad que amenaza su slogan de “la Suiza centroamericana”. El Gobierno confirmó que la construcción de su nueva megacárcel de máxima seguridad ya alcanzó un 64% de avance. El complejo busca frenar la crisis de violencia provocada por el narcotráfico en el país.

El megaproyecto se llama Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO). Se construye desde enero pasado a la par de la histórica prisión La Reforma, tendrá espacio para 5,100 reos de alta peligrosidad y su costo ronda los 35 millones de dólares.

Al estilo «Bukele»: El regreso del uniforme naranja

Además de la infraestructura de aislamiento, la gran novedad es el cambio radical en el estilo de vida penitenciario. Tras más de medio siglo vistiendo ropa civil, los reclusos del CACCO usarán obligatoriamente uniformes de color naranja brillante. Esto servirá para optimizar los procesos de revisión y control, así como para identificar rápido a los reclusos en casos de fuga.

De acuerdo con las autoridades, las telas serán donadas por el sector privado y las prendas serán confeccionadas por mujeres privadas de libertad del penal «El Buen Pastor». Según el ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, la medida responde directamente a una estrategia de control absoluto.

“Los uniformes cumplen con los estándares de seguridad y la normativa internacional (…) representarán orden, máxima seguridad y disciplina”.

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Cero ocio y trabajo para los delincuentes

La presidenta Laura Fernández, defiende el proyecto como la única salida para revertir una tasa histórica que ronda los 900 homicidios anuales (el 70% vinculados a las mafias del narcotráfico).

“Estoy muy contenta por el avance del proyecto. Esa cárcel va a ser una realidad muy pronto”, declaró la mandataria.

La estrategia del Gobierno costarricense incluye dos medidas drásticas para su política criminal, en primer lugar, el Plan «Cero Ocio», que busca que los presos de baja peligrosidad sagan a las calles a limpiar carreteras, playas y parques públicos bajo vigilancia policial.

En segundo lugar, proponen visitas escolares, estos recorridos dentro del CACCO para estudiantes de comunidades vulnerables, buca que los jóvenes que estén «pensando en delinquir» observen directamente las crudas condiciones de reclusión para desincentivar su entrada a las pandillas.

Fernández presiona fuertemente al Congreso para que apruebe leyes que obliguen a los reclusos a trabajar en empresas privadas para costear su propia alimentación y reparar económicamente a las víctimas.