El régimen de Daniel Ortega ha anunciado, a través de La Gaceta-Diario Oficial, la cancelación de la personería jurídica de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo (FFPJ), esto luego que se diera a conocer la expulsión de sus religiosas a cargo, el recién pasado fin de semana.
Al parecer el golpe estaba gestado desde mucho antes, pues según la publicación de La Gaceta, el Ministerio de Gobernación (MIGOB) ordenó su cancelación desde el pasado viernes 30 de junio, a las ocho de la mañana; sin embargo, es hasta este martes 4 de julio de 2023 que se publica oficialmente.
Según la ordenanza del MIGOB, la fundación de religiosas se encontraba en “incumplimiento de sus obligaciones conforme Ley”. Supuestamente, desde enero de 2021 su junta directiva estaba vencida y señalan que esta no reportó estados financieros en los “periodos fiscal 2020, 2021 y 2022, con desgloses detallados de ingresos y egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones (origen, proveniencia y beneficiario final)”.
Fundación supuestamente “violentaba” la Ley N°. 1115
El documento añade que al no cumplirse con estas obligaciones la FFPJ se encontraba “violentando lo establecido en el artículo 34 numerales 3, 7, 24, 25, 26, 26.1, 26.3, 27 y artículo 35 numeral 7 de la Ley N°. 1115”, que por ello se ordenó su cancelación.
“La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo (FFPJ), con los incumplimientos referidos anteriormente, obstaculiza el control y vigilancia de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro del MIGOB y no promueven políticas de transparencia en la administración de los fondos que maneja el OSFL, desconociendo el ente regulador las actividades que realizan, la ejecución de sus proyectos y si estos fueron acorde a sus objetivos y fines, por los cuales se les otorgó la Personalidad Jurídica”, se lee en la publicación de La Gaceta.
Al igual que las más de 3 mil organizaciones no gubernamentales a las que les han cancelado la personería jurídica desde 2018, los bienes de la Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo pasarán a manos del Estado, por lo que se cita a la Procuraduría General de la República para “realizar el traspaso” de los bienes.
Expulsadas después de años de labor
La Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo operaba en Nicaragua desde el pasado el 13 de agosto de 2019, fecha en que le fue otorgada la personería jurídica. Casi un mes después esto la organización fue inscrita ante el MIGOB.
Antes de que se llevara a cabo la expulsión de las religiosas y que se cancelara la fundación, las hermanas de la Fraternidad Pobres de Jesucristo ya tenía pensado salir de Nicaragua, esto tras fuertes presiones de parte del régimen que a través del MIGOB no había renovado sus visas de residencia, lo que las había llevado a tomar la decisión de continuar su labor en El Salvador.
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