Nicaragua fue sometida al cuarto ciclo del Examen Periódico Universal, un mecanismo de Naciones Unidas para evaluar el cumplimiento en materia de derechos humanos de sus países miembros.

Durante este examen se escucha a organizaciones de derechos humanos y diferentes actores sociales del país quienes exponen sus consideraciones sobre las diferentes actuaciones del Estado, y luego el país tiene la oportunidad de responder.

Durante el mes de agosto varias organizaciones, incluyendo el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + y la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, participaron de ese intensivo proceso de denuncia en Ginebra, Suiza.

La Nicaragua de Ortega

Hoy, el régimen contestó, ofreciendo una versión fantasiosa del país y asegurando que en Nicaragua existen todo tipo de libertades y derechos, incluyendo respeto a la propiedad privada, a pesar de la ola de confiscaciones impulsada desde 2018.

«El Estado, a través de la PGR, en el periodo evaluado emitió 278,481 títulos de propiedad, que beneficiaron a 1,308,277 personas, siendo el 55% mujeres29, lo que fortaleció la seguridad jurídica de las familias nicaragüenses», dice el texto, sin mencionar los despojos, tanto a más de 5 mil organizaciones de sociedad civil como a más de 316 desnacionalizados, entre otros casos.

También defendió a sus fuerzas de seguridad, señalando que «Nicaragua sigue siendo el país más seguro de Centroamérica» y que el Ejército desarrolla como estrategia «el muro de contención», para enfrentar el narcotráfico. Pero calla sobre el papel represivo y cómplice que han jugado estas instituciones en contra de la población que adversa a Ortega. Tampoco habla de las confesiones partidarias de estas dos instituciones que se supone deberían de actuar de manera neutral.

Según Ortega, Nicaragua avanza venciendo la pobreza, aumentando los empleos, asegurando educación  y servicios de salud gratuitos, pero no menciona la politización de todos estos, y la pésima calidad de los mismos.

Ortega evadió puntos clave

Al contraponer las dos versiones, sumado a los informes de sus propias instancias, la Organización de Naciones Unidas emitirá un diagnóstico final. En el ciclo anterior, realizado en 2019 Nicaragua salió aplazada y obtuvo 259 recomendaciones que el régimen desatendió.

«El informe presentado por el Estado no refleja en absoluto la situación del país y más bien describe una realidad paralela que oculta las graves violaciones a los derechos humanos que han ocurrido», expresó Olga Valle del organismo Urnas Abiertas.

Valle considera que el informe «brinda información falsa e imprecisa sobre otros temas como derechos económicos, laborales, de las mujeres y de pueblos indígenas».

Consuegro de Ortega lo inculpa en crímenes de lesa humanidad

«La mejor forma de no responder una pregunta es hablar de otro tema y eso es exactamente lo que hizo la dictadura», dijo el economista Juan Sebastián Chamorro, quien critica que buena parte del informe de Ortega se haya dedicado a destacar una supuesta bonanza económica.

«Obviando el tema de que más de 700 mil personas han abandonado el país, enviando remesas y que esto hace que la economía en algunos sectores aumenten en actividad», destacó.