Human Rights Watch (HRW) advirtió este viernes que al menos ocho exiliados nicaragüenses, a quienes el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo les retiró la nacionalidad, se encuentran o estuvieron bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Varios de ellos enfrentan un riesgo real de deportación, pese a que algunos mantienen solicitudes de asilo pendientes.
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Siete de estos hombres formaron parte del grupo de 222 presos políticos expulsados de Nicaragua hacia Estados Unidos el 9 de febrero de 2023. En aquel momento, Managua los declaró “traidores a la patria” y les quitó la ciudadanía. Washington les otorgó entonces un permiso de permanencia temporal por razones humanitarias. El octavo caso es el del periodista Luis Galeano, despojado de su nacionalidad el 15 de febrero de 2023 junto con otros 93 críticos del régimen. Galeano fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 14 de septiembre y liberado bajo fianza el 26 del mismo mes.
Según HRW, al menos cuatro de los ocho tenían trámites de asilo en curso. Dos fueron detenidos durante audiencias judiciales o entrevistas de asilo entre abril y septiembre de 2026. La organización estima que cinco continúan privados de libertad.
Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, fue clara: “Hace apenas tres años, Estados Unidos recibió a 222 presos políticos que se encontraban en las cárceles de Ortega y Murillo, pero ahora los detiene y amenaza con deportarlos”. Recordó que el derecho internacional prohíbe devolver a personas a lugares donde puedan sufrir persecución o tortura.
El contexto es de un marcado aumento de las expulsiones. Datos del ICE analizados por HRW muestran que entre enero y julio de 2026 Estados Unidos deportó a más de 6.300 nicaragüenses, casi el doble de los 3.323 registrados en el mismo periodo de 2025. Además, desde enero de 2025 más de 1.100 nicaragüenses han sido enviados a terceros países, principalmente México, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá.
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HRW subraya que Nicaragua se ha consolidado como uno de los países más autoritarios del hemisferio. Quienes critican al poder enfrentan cárcel, exilio o pérdida de nacionalidad. Un mecanismo de seguimiento de presos políticos registró al menos 68 detenidos por motivos políticos hasta septiembre de 2026, 31 de ellos en situación de desaparición forzada. Expertos de la ONU han documentado, además, una red transnacional de vigilancia e inteligencia dirigida a perseguir a nicaragüenses en el exterior.
La organización advierte que deportar a estos exiliados a países vecinos podría facilitar su posterior traslado a Nicaragua, lo que equivaldría a una devolución indirecta. El principio de no devolución (non-refoulement) y la Convención contra la Tortura prohíben tanto el envío directo como estas “deportaciones en cadena”.
Por ello, HRW exige a las autoridades estadounidenses que no envíen a Nicaragua ni a terceros países a personas que enfrenten riesgo de persecución o tortura. También pide al Congreso de Estados Unidos que solicite al Departamento de Seguridad Nacional información precisa sobre cuántos nicaragüenses desnacionalizados permanecen bajo custodia de ICE, el tiempo de detención y los destinos previstos. Mientras tanto, demanda que se garantice un trato humano, atención médica adecuada y acceso a abogados.
La alerta se produce en un momento de endurecimiento de la política migratoria estadounidense y de persistente represión en Nicaragua, donde el retorno de opositores sigue asociándose a riesgos graves para su integridad.
Periodista Nicaragua Investiga
