La dirigencia del extinto partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), considera que las votaciones municipales de este 6 de noviembre carecen de toda credibilidad, no solo por la falta de transparencia de los magistrados del Poder Electoral, sino por la exclusión política de la oposición y la absoluta falta de libertades en el país.
“El simulacro que presenciamos durante estos últimos dos meses y las asignaciones de cargo que se realicen, evidenciarán nuevamente que el derecho a elegir libremente a nuestras autoridades también ha sido confiscado y que los procesos electorales en vez de ser una fiesta cívica, se han convertido en motivo de temor y pretexto para mayor represión”, resalta el análisis de CxL, partido que les fue arrebatada su personería jurídica a pocos días de celebrarse las elecciones nacionales del 7 de noviembre del 2021.
En estos comicios, están aptos para ejercer el derecho al voto más de tres millones y medios de nicaragüenses, sin embargo, el ex diputado Eliseo Núñez considera que el partido Frente Sandinista estará listo con su maquinaria política, para obligar a sus bases y trabajadores del Estado a participar bajo la amenaza de infringir castigo, como la pérdida de sus trabajos que viene siendo una práctica, desde que Daniel Ortega retornó al poder en el 2007.
“En estas votaciones municipales se perfeccionará el sistema totalitario basado en una farsa electoral y de lo único que estará pendiente el pueblo, será ver ¿Cuántas alcaldías se adjudica el partido sandinista, es la única organización que realizó campaña electoral”, destacó Núñez.
Exdiputado y analista político nicaragüense, Eliseo Núñez. Foto | Nicaragua Investiga
Alcaldes eternos
En estas votaciones buscan su reelección 117 alcaldes sandinistas iniciando por la mayor plaza política del país, como es Managua, donde la fórmula Reyna Ruedas y Enrique Armas, esperan un segundo período, bajo la sombra del secretario político Fidel Moreno, quien goza de plena confianza de la pareja gobernante de Ortega-Murillo.
En la lista de los ediles que buscan hasta su cuarta reelección consecutiva perfilan los alcaldes sandinistas Francisco Valenzuela de Estelí, Leónidas Centeno de Jinotega y Sadrach Zeledón de Matagalpa, todos sancionados por los Estados Unidos por cometer abusos y violación de derechos humanos en el contexto de la protestas cívicas que surgieron en abril del 2018, donde más de 350 nicaragüenses en su mayoría jóvenes, perdieron la vida según organismos internacionales de derechos humanos.
Para Eliseo Núñez, la reelección de los ediles sandinistas forma parte del proceso de impunidad a los miembros leales a la pareja presidencial, que formaron parte del aparato represor a las protestas cívicas que surgieron en abril del 2018 en demanda de libertad y justicia.
Olga Valle, directora de Urnas Abierta, detalló que estos comicios municipales tendrán una reducida participación ciudadana en cuanto a la campaña y las actividades del proceso.
“Esta apatía está vinculada a diferentes razones una de ellas es la desconfianza ante el proceso promovido por unas autoridades electorales obedientes al oficialismo y la falta de competencia electoral y la ausencia de condiciones democráticas que permitan realizar un proceso libre, que se reflejará en un abstencionismo similar a las elecciones nacionales del año pasado”, remarcó Valle.
Un proceso electoral cargado de arbitrariedades
Dentro del análisis que realizó Kitty Monterrey, presidente nacional de CxL, asegura que las votaciones municipales del 2022, al igual que las anteriores, siguen cargando un sinnúmero de arbitrariedades que fueron avaladas dentro de la reforma a la Ley Electoral, aprobada en mayo de este año en la Asamblea Nacional, donde el Frente Sandinista tiene un control absoluto.
Con respecto a la integración de los órganos electorales se redujo de 15 a 5 días, la presentación de la propuesta de la integración de los miembros de los Consejos Electorales Departamentales y Regionales que deberán presentar las organizaciones políticas ante el Poder Electoral.
También se redujo de 10 a 5 días la presentación de la propuesta de los miembros de los Consejos Electorales municipales, así como el tiempo de ejercicio en su cargo que pasó de cinco meses y medio a cincuenta y cinco días y para los Consejos Electorales Departamentales, de siete meses a ochenta días.
Otro punto que destaca en estos comicios es referente a la campaña electoral que pasó de 75 días para una campaña nacional y de 42 a 20 días el período de una campaña municipal, donde en estos comicios no se observó a un solo candidato de los denominados partidos “colaboracionistas”, recorrer las calles de sus municipios presentando su plan de gobierno acompañado de sus seguidores.
Un proceso Electoral “express”
Otro de los puntos que resaltó Monterrey dentro de la reforma a la Ley Electoral que se inició a implementar en estos comicios, fue la reducción del proceso electoral que va desde la convocatoria hasta las votaciones pasando de seis meses a dos meses y tres semanas.
“El elemento común de esta reforma es restar relevancia pública al proceso y reducir sus costos, acelerando el trámite de nombramiento de los Consejos Electorales, que en la práctica no tienen independencia para ejercer sus atribuciones, y cortando la campaña electoral ahorran sus costos de activismo y control policial, donde se evidencia la falta de interés de la ciudadanía y minimizan los riesgos de cualquier expresión de protesta”, enfatizó la dirigente política desde su exilio en Costa Rica.
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