Cuando el comediante José Ramón Quintanilla Cerda, conocido como JR, se divorció de la magistrada de la dictadura Ingrid Jamilteh Lazo Manzanares, se comprometió en pagar al mes, en concepto de pensión alimenticia para su hijo menor, 4 mil dólares, mientras que para su otro hijo de 15 años, está establecida una pensión de 4 mil córdobas desde 2010, cuando se divorció de la periodista Luisa Amanda Pérez Arana.

En los expedientes judiciales del divorcio por mutuo consentimiento, sentencia 134/2023, se acordó que se debe depositar a la cuenta bancaria de la magistrada 4 mil dólares, equivalentes a 146 mil 680 córdobas.

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JR está siendo demandado en el Juzgado de Familia para que se revisen sus ingresos y se le imponga un aumento de pensión alimenticia para su hijo mayor, de 15 años, ya que desde 2010 es de cuatro mil córdobas. Se resiste a que revisen sus ingresos, bienes y cuentas bancarias y afirma que sus viajes los patrocina el Real Estelí.

La jueza Lazo Manzanares fue propuesta para que sea testigo en el juicio de JR y alegue a su favor.

Los otros pagos de JR para su hijo menor

JR se comprometió a pagar el cien por ciento los gastos de manutención del hijo de la magistrada, consistente en atención médica, medicamentos, gastos escolares, una vestimenta cada seis meses, que serán de un valor no menor de 100 dólares, equivalentes a 3,662 córdobas, lo que casi le pasa mensual a su hijo mayor en pensión alimenticia.

Además, se fijó en los acuerdos que la propiedad ubicada en Las Colinas, valorada en 247 mil dólares, una vez que finalice el pago de hipoteca a un banco, que es una cuota mensual de 2,500 dólares, se la dará al hijo de la magistrada.

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El abogado Luisa Amanda Pérez Arana solicitó que una parte de esa vivienda sea cedida a su hijo mayor, como un derecho universal, a lo que el abogado del comediante se opuso porque ya fue cedida al hijo de la magistrada. Por otra parte, pidió como medida cautelar que se establezca la cantidad de tres mil dólares en concepto de alimentos provisionales.

El abogado de JR alegó que su defendido entrega una cuota de mil dólares mensuales de “manera voluntaria”, sin necesidad que una autoridad judicial lo obligue a entregar una suma de dinero mayor a la establecida en la sentencia del 21 de abril de 2010.