Piden a la Corte IDH ser más «enérgica” con régimen Ortega

Defensores de DDHH, solicitaron a la Corte IDH “emita una resolución de incumplimiento” de las “medidas provisionales” otorgadas a privados de libertad.

Un grupo de organismos defensores de derechos humanos, incluida la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y familiares de personas presas políticos, solicitaron a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH)“emita una resolución de incumplimiento” de las “medidas provisionales” otorgadas a 45 personas privadas de libertad de Nicaragua.

Varios familiares de presos políticos expusieron las “condiciones inhumanas” en que están los opositores, pese a que cuentan con medidas cautelares. Los presos políticos tienen más de 70 días sin recibir visitas.

Igualmente Esteban Madrigal, miembro de Raza e Igualdad reiteró a los representantes de la Corte Interamericana, que desde 2018 “la crisis institucional y de derechos humanos que atraviesa el país (Nicaragua) se ha profundizado drásticamente” y que “cualquier voz crítica ha sido objeto de represalias, amenazas, persecución e incluso, cárcel”.

“Criminalización” refleja la falta de independencia del Poder Judicial

Detalló que las personas presas políticas carecen de “atención y acceso a tratamientos médicos adecuados” y que entre ellos hay adultos mayores que “permanecen en celdas de aislamiento solitario, bajo condiciones inhumanas y uno se encuentra hospitalizado”.

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Agregó que la “criminalización” refleja la falta de independencia del Poder Judicial y que en los procesos no se han respetado las garantías judiciales, lo cual incrementa el “riesgo extremadamente grave” en el que se encuentran los  beneficiarios.

“La defensa técnica es deliberadamente obstaculizada por las autoridades judiciales, quienes impiden el acceso a los expedientes, a pesar de la orden expresa de la Corte Interamericana de garantizar el acceso a la totalidad de los mismos. Las y los presos políticos siguen sin acceder a entrevistas con sus abogados”, expuso Esteban Madrigal.

Por su parte, Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, solicitó que los “graves daños”, entre ellos “fuertes y reiteradas golpizas”, amenazas de muerte o “quitarles a sus hijos”, que han sufrido las personas presas políticas de parte de custodios policiales, “deben ser considerados como tortura”.

“Desde hace 14 meses, uno de los beneficiarios permanece internado en un hospital con custodia policial, a pesar de que no habla ni camina debido a un derrame cerebral ocasionado por los malos tratos en prisión y la denegación de atención médica”, ejemplificó Flores.

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Tras la exposición de parte de un grupo de familiares de personas presas políticas, Claudia Paz y Paz, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL por sus siglas en inglés), solicitó a la Corte “emita una resolución de incumplimiento” del Estado de Nicaragua sobre las medidas provisionales ya establecidas.

Básicamente exigen al régimen de Daniel Ortega:

  • Libere inmediatamente a las personas beneficiarias.
  • Que las condiciones en las que se encuentran estos deben ser consideradas como tortura y por lo tanto deben cesar de manera inmediata.
  • Acceso inmediato a servicios de salud especializados y medicamentos, así como a una evaluación realizada por médicos independientes, el acceso a la alimentación y a agua potable.
  • Elimine la práctica de revisiones y requisas que afecten la intimidad y la dignidad durante las visitas familiares.
  • Facilite su contacto inmediato con familiares y abogados, al menos una vez a la semana.
  • Eliminar los antecedentes judiciales a las personas presas políticas causados por estos procesos ilegales e ilegítimos.

Además de esto solicitaron se le “recuerde al Estado su obligación de no ejercer represalias en contra de quienes participan en esta audiencia, los familiares de las y los beneficiarios y sus representantes, contenida en el artículo 53 del Reglamento de la Corte”.

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Solicitan “llamado más enérgico”

Esmeralda Arosemena de Troitiño, relatora especial para Nicaragua de la CIDH fue más directa en su intervención y solicitó a la Corte hacer un “llamado más enérgico al Estado (de Nicaragua) para que cumpla lo establecido”.

“La Comisión hace un llamado urgente para poner fin a la impunidad y adoptar las medidas que sean necesarias para superar la crisis y lograr el restablecimiento de la institucionalidad democrática y el estado de derecho en Nicaragua”, expuso Arosemena.

La relatora también hizo un llamado a la OEA “que se asegure la efectividad de estas medidas provisionales a favor de las personas privadas de libertad”y reiteró que el Estado de Nicaragua no ha cumplido “ninguna de las órdenes emitidas”.

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