La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este lunes que el gobierno de Daniel Ortega haya privado «arbitrariamente de la nacionalidad» a los presos políticos nicaragüenses liberados el jueves pasado.
Centenares de opositores fueron detenidos en Nicaragua como parte de la represión desatada tras las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007, reelegido en 2021 en unos comicios puestos en entredicho.
El jueves el gobierno excarceló a 222 presos políticos y los expulsó a Estados Unidos por considerarlos «traidores a la patria».
El Parlamento, integrado por partidarios de Ortega, aprobó ese mismo día una ley en virtud de la cual los «traidores a la patria pierden la calidad de nacional nicaragüense». La norma requiere una segunda aprobación legislativa en el segundo semestre de este año, que se da por descontada.
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La nacionalidad constituye «un derecho inderogable de todas las personas, y la privación arbitraria de la misma, especialmente como pena o sanción por motivos políticos, resulta contraria al derecho internacional de los derechos humanos», afirma la CIDH en un comunicado.
Este órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) recuerda que Nicaragua forma parte de la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas desde 2013 y le insta «a derogar las recientes modificaciones legislativas contrarias a los estándares internacionales e interamericanos».
A través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua, la CIDH se compromete a «seguir de cerca la situación de derechos humanos de las 222 personas liberadas» y urge al gobierno de Ortega a liberar a todas las personas «detenidas arbitrariamente en el contexto de la crisis» en el país.
La organización «saluda», no obstante, la excarcelación, que «pone fin a años de encierro arbitrario, bajo condiciones deplorables de detención, por ser consideradas opositoras al gobierno, ejercer legítimamente las libertades fundamentales de expresión, reunión y asociación, así como la defensa de los derechos humanos».
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