Con la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo ni las vidas ni los bienes privados están seguros en Nicaragua, advirtió el dirigente opositor Luis Fley, mejor conocido como comandante «Johnson» en la ex Contra, víctima de las confiscaciones que el régimen sandinista ejecutó en los 80.
«Por el momento no hay ninguna certeza de que la propiedad privada se respete, al contrario, está en una situación de incógnita y el que invierta ahora mismo en Nicaragua corre el riesgo de que se le confisquen sus bienes», manifestó el líder del Frente Democrático Nicaragüense (FDN).
Fley fue una de las personas que durante el primer periodo de Daniel Ortega en el poder le fue arrebata su propiedad de 142 manzanas de tierra llamada «La Delta». El exaspirante presidencial recuerda que los sandinistas quitaron propiedades, alegando que «los bienes eran del pueblo».
«Ese era el cuento. Ellos (los dirigentes sandinistas) vivían en las mejores mansiones, vivían en las mejores propiedades…que luego legalizaron a sus nombres», refirió en el Foro «La Piñata en los 80: más de 20 mil propiedades tomadas por el sandinismo» de Nicaragua Investiga.
Daniel Ortega y su círculo de poder expropiaron a supuestos somocistas, «se fueron a meter descaradamente» a sus casas, y realizaron un «robo descarado» contra productores y campesinos también diciendo que «la revolución es fuente de poder», rememoró.
«Al somocismo le duró 50 años acumular riquezas y éstos (los sandinistas) se convirtieron en millonarios en 10 años porque se quedaron con las mejores propiedades» que, luego se adjudicaron con la Ley 85 y la Ley 86 de la denominada Reforma Agraria, manifestó el opositor.
Propiedades que no fueron regresadas a sus dueños en la mayoría de los casos, a pesar que en los 90 llegó al poder el gobierno democrático de Violeta Barrios de Chamorro. «Se anuló las esperanzas de los confiscados en recuperar sus bienes por el acuerdo de transición de Antonio Lacayo (ministro presidencial) con Humberto Ortega (jefe del Ejército sandinista, hermano del dictador)».
Y las confiscaciones han regresado, lamentan las primeras víctimas de «la piñata».
La dictadura de Ortega ha expropiado a medios de comunicación, organizaciones sin fines de lucro, universidades, asociaciones católicas, a más de 300 personas declaradas apátridas y a uno de los empresarios más importantes del país, Piero Coen Ubilla, mientras existe la amenaza de más confiscaciones arbitrarias.
«Tenemos la noticia que al señor Piero Coen le están confiscando sus casas en Managua y parece que esto es de nunca acabar. Con esta dictadura parece que los nicaragüenses no estamos seguros en nuestras vidas y nuestros bienes», acotó.
Fley insiste en que se requiere un cambio de sistema para que haya justicia en Nicaragua. Resalta que «el sistema está podrido» y ni el Poder Judicial garantiza justicia para las víctimas.
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