El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó el jueves un decreto que considera a Nicaragua como «una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y la política exterior».
Según un comunicado de la Casa Blanca, «el continuo desmantelamiento y socavamiento sistemático de las instituciones democráticas y el estado de derecho por parte del régimen Ortega-Murillo», en Nicaragua, así como «el uso de la violencia indiscriminada y sus tácticas represivas contra civiles», están desestabilizando al país centroamericano de más de 6 millones de habitantes.
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El gobierno estadounidense hizo mención también a las «tácticas represivas contra civiles» y «corrupción» del régimen encabezado por el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo.
Es el quinto año consecutivo que Estados Unidos mantiene el decreto, que se dictó por primera vez el 27 de noviembre de 2018, cuando surgieron protestas contra Ortega que fueron reprimidas con violencia dejando más de 300 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El gobierno nicaragüense se ha referido a esta medida en años anteriores como «absurda» y ha arengado contra Washington por las sanciones impuestas contra sus funcionarios.
Tras las protestas del 2018, organismos de derechos humanos, señalan que Ortega consolidó su «régimen autoritario» y lo acusan de cerrar todas las voces críticas, incluida la Iglesia católica.
El gobierno nicaragüense ha despojado de su nacionalidad a más de 200 opositores, mientras que mantiene en la cárcel al obispo Rolando Álvarez; de igual forma ha clausurado más de 3 mil organizaciones no gubernamentales desde el inicio de la crisis política a la fecha.
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