El Parlamento Europeo votó a favor de una resolución contundente contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través de la cual piden al Consejo de la Unión Europea y a la Comisión de la Unión Europea recrudecer sus acciones en contra de la pareja dictatorial y sus allegados.

La resolución «insta a que se cumpla la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; apoya la rendición de cuentas, también a través de la jurisdicción universal y la remisión a la Corte Penal Internacional», además, llama a que se apliquen sanciones directas a Daniel Ortega «y su círculo más íntimo».

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Peligra acuerdo comercial

También «pide al Consejo y a la Comisión que activen la cláusula democrática y suspendan la aplicación del Acuerdo de Asociación en relación con Nicaragua mientras persista la represión».

Una medida que significará un golpe económico para el régimen sandinista, ya que la Unión Europea es uno de los principales socios comerciales del país. Anualmente se exportan a ese bloque unos 350 millones de dólares libres de aranceles.

Redireccionamiento de la ayuda europea

La resolución también exige que se detenga el financiamiento a la dictadura a través de sus diferentes instituciones estatales, y en su lugar, demanda que esos fondos sean redireccionados «a los agentes democráticos y a la sociedad civil en Nicaragua y en el exilio».

«Se pide a la Unión que garantice que ningún fondo multilateral o de la Unión refuerce el régimen», dice el documento.

Una acción que dejará sin ingresos significativos a algunas instituciones del Estado que tenían programas financiados con fondos de la cooperación europea.

Caso Brooklyn es prioritario

La resolución condena enérgicamente la muerte en custodia estatal del líder mikito Brooklyn Rivera y exige una investigación independiente sobre su fallecimiento, la entrega inmediata de sus restos mortales y la liberación de al menos seis de sus familiares que fueron detenidos cuando pretendian asistir a sus funerales.

Aunque la Comisión Europea o un Estado miembro no puedan ser sancionados por «incumplir» la resolución, ignorar un consenso tan explícito del Parlamento Europeo es políticamente costoso. Por lo general, este tipo de resoluciones marcan la dirección de las sanciones y decisiones diplomáticas reales que la maquinaria de la Unión Europea ejecutará en los meses siguientes.