El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) de la ONU verificó 161 casos de desaparición forzada de presos políticos desde abril de 2018. Al 31 de agosto de 2026, 29 personas seguían desaparecidas. Los expertos advierten que la cifra real es mayor, debido al miedo a represalias y al desmantelamiento de la sociedad civil.
El informe, titulado «Anatomía de la crueldad estatal» y presentado ante el Consejo de Derechos Humanos, concluye que lo que comenzó como desapariciones de días se convirtió desde 2023 en una práctica estratégica de ocultamientos que duran meses o años. Entre las víctimas hay líderes religiosos e indígenas, opositores, sandinistas disidentes y exmilitares.
«Cada día que se desconoce la suerte o el paradero de una persona desaparecida en Nicaragua se renueva el crimen», sentencia el documento.
Ocho muertes «previsibles»
Los expertos documentaron ocho muertes de presos políticos bajo custodia del Estado: Eddy Montes, Santos Sebastián Flores, Hugo Torres, José Modesto Solís, Humberto Ortega, Mauricio Alonso, Carlos Cárdenas y Brooklyn Rivera. Según el informe, estas muertes «no son tragedias aisladas», sino el resultado previsible de la negación sistemática de atención médica y de condiciones de detención inhumanas.
El caso Brooklyn Rivera
El líder indígena miskitu, de 73 años, pasó casi tres años detenido, con largos periodos en desaparición forzada. El régimen solo reveló su paradero cuatro días antes de anunciar su muerte, el 31 de mayo de 2026.
Una evaluación de Physicians for Human Rights encontró que los comunicados oficiales sobre su salud eran contradictorios. «O bien esos informes tergiversaron la gravedad de un estado que el equipo médico ya conocía, o bien se produjo un deterioro catastrófico que no fue explicado desde el punto de vista clínico», señala el análisis.
El régimen no entregó el cuerpo a la familia y controló el entierro en Managua. Tras su muerte, seis familiares y dos personas cercanas a Rivera fueron detenidos y desaparecidos.
Crímenes de lesa humanidad
El GHREN concluye que estas prácticas constituyen, prima facie, crímenes de lesa humanidad. Responsabiliza a la Policía, al Sistema Penitenciario, al Ministerio Público y al Poder Judicial, bajo el control centralizado de los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«La impunidad no es un elemento incidental, sino el mecanismo que permite la continuidad de la política», afirman los expertos. Por eso exigen revelar de inmediato el paradero de las 29 personas desaparecidas y liberar a todos los presos políticos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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