Catorce años después de que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fijara los límites en el Caribe, el gobierno de Abelardo de la Espriella prepara una decisión unilateral que puede alterar el mapa de derechos sobre las aguas que rodean el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El 30 de noviembre de 2026 el Ejecutivo colombiano expedirá un decreto que establecerá, por primera vez con coordenadas precisas, las líneas de base del archipiélago. Desde esos puntos se medirán el mar territorial y los demás espacios marítimos que Bogotá considera propios.
El anuncio lo hizo el presidente desde un buque de la Armada el 18 de octubre. “Colombia no cede una milla náutica, no cede un arrecife y no abandona a sus pescadores”, declaró. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue más lejos: afirmó que el fallo de 2012 es “inaplicable en su literalidad” y que los límites de Colombia son inalienables. El gobierno ofrece diálogo de buena fe con Managua, pero parte de esa premisa. Al mismo tiempo, refuerza la presencia naval y promete mayor protección a los pescadores raizales.
Qué decidió realmente la CIJ en 2012
En noviembre de 2012, tras once años de litigio, la Corte reconoció la soberanía colombiana sobre San Andrés, Providencia, Santa Catalina y las formaciones de Alburquerque, Bajo Nuevo, cayos del Este-Sudeste, Quitasueño, Roncador, Serrana y Serranilla. Al mismo tiempo, trazó una frontera marítima que atribuyó a Nicaragua derechos sobre una zona económica exclusiva de aproximadamente 72.000 a 75.000 kilómetros cuadrados que Colombia había administrado durante décadas.
Esa decisión no convirtió esas aguas en territorio soberano nicaragüense. En una zona económica exclusiva, el Estado costero tiene derechos soberanos sobre los recursos naturales del agua, el lecho y el subsuelo, pero se mantienen libertades de navegación y sobrevuelo. Colombia conservó las islas y pequeños anillos de 12 millas náuticas alrededor de ciertas formaciones de bajo relieve, rodeados en muchos casos por espacios reconocidos a Nicaragua. La frontera resultante no es una línea recta continua; incorpora las particularidades geográficas de cada cayo y arrecife.
Colombia rechazó el fallo desde el primer momento. Ocho días después denunció el Pacto de Bogotá, el tratado que le había dado jurisdicción a la CIJ. La denuncia entró en vigor un año más tarde y no anuló la sentencia de 2012 ni los procedimientos ya iniciados. En 2023 la Corte confirmó aspectos de su delimitación y rechazó pretensiones nicaragüenses de plataforma continental más allá de las 200 millas desde su costa.
Qué cambia (y qué no) con las líneas de base
Las líneas de base son el punto de partida desde el cual un Estado mide la anchura de su mar territorial y demás zonas. Normalmente siguen la costa; el derecho internacional permite líneas rectas en circunstancias específicas. Dentro de las aguas interiores que quedan hacia tierra de esas líneas, el Estado ejerce soberanía casi plena. Fuera de ellas, los derechos dependen de la clasificación de cada zona.
Colombia invoca la Ley 10 de 1978, que ordenó delimitar sus espacios marítimos. Las líneas de la costa continental se fijaron en 1984; las del archipiélago quedaron pendientes durante 48 años. El decreto de noviembre pretende saldar esa deuda interna y publicar las coordenadas en las cartas náuticas oficiales.
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El problema es la ubicación. San Andrés está a entre 110 y 130 kilómetros de la costa nicaragüense y a más de 700 de la costa continental colombiana. Cualquier trazado que se extienda sobre zonas que la CIJ asignó a Nicaragua como zona económica exclusiva puede colisionar con la sentencia. Expertos en derecho internacional, como el profesor Nicolás Boeglin, de la Universidad de Costa Rica, señalan que Colombia puede establecer líneas de base siempre que respeten las reglas del derecho del mar y la delimitación judicial de 2012. Si el decreto las desconoce, Nicaragua podría considerarlo un incumplimiento y plantear nuevamente el caso.
Qué está en juego para Managua
Si las nuevas coordenadas colombianas “juntan” espacios entre islas y cayos de modo que reduzcan o fragmenten la zona económica exclusiva nicaragüense, Managua perdería control sobre recursos pesqueros y potenciales hidrocarburos en esas áreas. No perdería soberanía territorial —las islas siguen siendo colombianas—, sino derechos de exploración, explotación y administración de recursos que la Corte le reconoció.
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Nicaragua ha mantenido que el diferendo está cerrado. Analistas locales advierten que el decreto, si altera la línea de 2012, constituiría un desacato a una sentencia firme y podría obligar a Managua a volver a La Haya para exigir cumplimiento. Colombia, por su parte, sostiene que sus fronteras solo pueden modificarse por tratado y que el fallo no es aplicable en todos sus efectos prácticos.
El decreto aún no se ha publicado. Solo cuando se conozcan las coordenadas exactas será posible medir con precisión cuánto se solapa, si es que se solapa, con los espacios reconocidos a Nicaragua. Hasta entonces, la medida colombiana funciona como una reivindicación interna de soberanía y como un mensaje diplomático. Bogotá busca renegociar o reinterpretar lo que la justicia internacional ya decidió.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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