La Asamblea Nacional, dominada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, aprobó la eliminación de la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, la Procuraduría Nacional para la Defensa de la Libre Competencia y la Comisión de Apelaciones del Servicio Civil. Aunque el discurso oficial justifica la medida bajo supuestos principios de eficiencia administrativa, expertos en derecho advierten que este paso desmantela la institucionalidad, agrava la inseguridad jurídica y destruye por completo la confiabilidad en el sistema legal y económico del país.

La desaparición de la entidad encargada de la resolución alternativa de desacuerdos deja a las empresas y ciudadanos sin una vía técnica e independiente para resolver disputas comerciales o civiles. Al anularse todas las disposiciones legales que establecían trámites ante esa instancia y cancelar las acreditaciones a los Centros de Mediación, las situaciones contenciosas quedan redirigidas al desacreditado sistema judicial ordinario, controlado políticamente por el régimen, donde se imponen la arbitrariedad y la falta de garantías procesales.

Crece inseguridad e indefensió

En el ámbito del Servicio Civil, la reforma a la Ley 476 elimina la Comisión de Apelaciones independiente y traslada la tramitación de los recursos a los procedimientos del Poder Ejecutivo. Con esta decisión, el propio Estado que sanciona o despide a los empleados públicos se convierte en juez y parte de las apelaciones, dejando a los trabajadores estatales en un estado de indefensión absoluta.

Esta reestructuración genera una grave incertidumbre en torno al reconocimiento de las cláusulas arbitrales en contratos comerciales vigentes. Al desaparecer la institución que acreditaba y respaldaba los mecanismos alternativos de controversia, se crea una gran incógnita sobre qué jurisdicción o tribunal local mantendrá validez para resolver arbitrajes en Nicaragua. Ante este vacío legal, los inversionistas se verán forzados a someterse a juzgados politizados o a exigir jurisdicciones internacionales fuera del país.

Paralelamente, la derogación de la entidad defensora de la libre competencia elimina los controles contra prácticas monopólicas, permitiendo que grupos afines al poder abusen de su posición en el mercado. Con estas medidas, el régimen liquida la tutela contenciosa independiente, destruye la confianza de la inversión privada y consolida un entorno de desamparo legal absoluto dentro del territorio nacional.

*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.