Al gobierno de Daniel Ortega le urge aprobar la ley de cadena perpetua y para ello antes debe reformar el artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, el cual establece que nadie podrá cumplir una pena mayor a 30 años de prisión.
En vista de ello, el pasado 27 de octubre la Asamblea Nacional conformó una Comisión Especial encargada de consultar y dictaminar la reforma a la Constitución Política. La consulta se realizó este viernes y como era de esperar, a esta solo fueron invitadas instituciones del Estado, es decir, difícilmente iban a cuestionar la iniciativa del presidente Ortega.
La Comisión Especial de Carácter Constitucional consultó a representantes de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y el Sistema Penitenciario.
“Hoy (viernes) nos reunimos la primera y última consulta que se va a hacer al respecto. Estuvo presente el fiscal adjunto del Ministerio Publico, doctor González; estuvo el representante de la PGR (Procuraduría General de la República), Chamorro creo que es este muchacho; por parte de la Policía estuvo el comisionado Jaime Vanegas; por la Corte Suprema estuvo Marvin Aguilar, vicepresidente de la Corte; dos o tres representantes del Sistema Penitenciario”, explicó el diputado Maximino Rodríguez, miembro de la Comisión Especial.
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Sin aportes y sin cuestionamientos
Rodríguez aseguró que el miércoles 4 de noviembre se realizará el “análisis final de la iniciativa” y se firmará el dictamen.
Consultado sobre lo discutido en la consulta, el diputado aseguró que los todos los invitados hablaban “en el mismo canal”, es decir, que “están de acuerdo” y “que no es el primer país que tiene esa figura de cadena perpetua”.
Hay una parte “humanitaria” en la ley
Rodríguez aseguró que la parte “humanitaria” de la ley es que “podrá revisarse en algún momento” la condena si el caso lo amerita. “Eso está como a discreción”, manifestó.
“Lo que dijo Jaime Vanegas de la Policía es de que la reforma está ajustada a que la Policía tiene la obligación de la prevención del delito”, dijo
Los representantes del Sistema Penitenciario adujeron que la iniciativa está en concordancia con el articulo 39 de la Constitución, el cual establece que el Sistema Penitenciario es de carácter humanitario y que su trabajo es reinsertar al condenado a la vida civil. Ante lo contradictorio de esto, el oficialismo argumenta que “muchos estudiosos” consideran que “no todos los condenados están anuentes a reinsertarse a la vida social”. La parte humanitaria es para los que ellos valoren que sí se podrán reinsertar.
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