En medio de la discusión parlamentaria previo a la aprobación de la reforma a la Ley 842, Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias, los diputados sandinistas arremetieron contra la banca privada acusándoles de ejecutar acciones y enriquecerse a costa de las gestiones y deudas de los nicaragüenses.
El exdirector de la Dirección General de Ingresos Byron Jerez, acusado de corrupción por el caso de «El Camionetazo», entre otras irregularidades de las que se le señala haber ejecutado durante el gobierno de Arnoldo Alemán, despotricó contra los banqueros desde su escaño como diputado de Alianza por la República.
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Jerez le preguntó en público a la diputada Azucena Castillo del partido Liberal Constitucionalista, quien criticó la reforma a la ley, que «¿quién les paga el asesor económico que usan en la Comisión? Creo que lo pagan los bancos, lo paga el COSEP» y acusó a la bancada liberal de estar en contra de los consumidores por estar defendiendo a las instituciones financieras.
El legislador aliado del FSLN mencionó también que los liberales se quejaban más que los movimientos de defensa de los consumidores, de los cuales ninguno mostró su negativa para la aprobación de la Ley y que supuestamente mantienen la misma narrativa que los banqueros, aunque los liberales insistieron que su preocupación giraba en torno a que las instituciones del Estado serán consideradas como consumidoras.
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua también se opuso a la aprobación de esta reforma, al igual que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua. «No dice ASOBANP de que beneficia a los consumidores, ni que perjudica a los consumidores, dice que afecta a los bancos privados» detalló Jerez, haciendo hincapié en que las instituciones financieras solo están preocupadas por sus intereses y no el de sus usuarios.
AMCHAM en su comunicado señaló que «pone en riesgo directo la posibilidad de que un nicaragüense pueda recibir una remesa familiar, siendo este una de las principales fuentes de ingresos para cienes de miles de nicaragüenses», pero según Jerez esto es falso y supuestamente no se arriesgarán las remesas familiares.
En lugar de argumentar el porqué no serán afectadas las remesas, el diputado Jerez más bien criticó que algunas agencias de remesas no entregan el dinero en dólares tal y como fueron depositados por la persona que los envió, si no que los entregan en córdobas, mientras que los bancos también hacen lo mismo e incluso se quedan con el porcentaje de ganancia por realizar el cambio de dólares a córdobas.
Jerez también pidió apoyo a la Junta Directiva del parlamento para regular el interés de las tarjetas de crédito porque la población no puede pagar sus deudas debido al desempleo y la crisis económica, además de que «el interés es del 60% anual, lo que se convierte en un 86% anual cuando el consumidor cae en mora. En todas partes del mundo va de un 14 a un 18% anual».
La Asociación de Bancos Privados de Nicaragua también se opuso a la aprobación de esta reforma, al igual que la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM)
Bancos se beneficiaron de «fondos supuestamente ilícitos» de Albanisa
Pero además, Jerez se preguntó «¿quiénes son los dueños de los bancos? los mismos directores de AmCham», se respondió. El diputado señalado de corrupción aseveró que desde el 2007 que llegó Daniel Ortega al poder, hasta el 2017 «los bancos trabajaron moviendo 3 mil 500 millones de dólares de fondos supuestamente ilícitos porque la Albanisa estaba sancionada, pero por beneficio de ellos los movieron, los usaron, se beneficiaron» y en ese entonces ASOBANP no dijo nada.
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«Era un beneficio particular, estaban haciéndose millonarios y no importaba» que los fondos fuesen considerados como ilícitos por la comunidad internacional, criticó Jerez e incluso señaló que en aquel momento la diputada Azucena Castillo trabajaba en la empresa privada y no la escuchó reclamando que el riesgo país estaba en peligro. «Si el movimiento de esos fondos fue bueno ayer, considero que es bueno hoy y será bueno mañana» manifestó.
Jerez también criticó que en los bancos cuando un consumidor hace un movimiento de hasta 3 mil dólares, «le preguntan hasta la fecha de nacimiento. Le preguntan hasta la velocidad del aire cuando entró a la habitación para tratar de hacer la transferencia (…) sin embargo el núcleo que manejan esas instituciones hacen y deshacen transferencias millonarias sin explicarle a nadie, sin ponerle ninguna regulación».
El diputado del APRE expresó que si en 90 días el sistema financiero se ve perjudicado es porque la bancada liberal tenía razón pero de no ser así y el sistema financiero continúa en la línea que lleva «quiere decir que era una medida politizada y querían dejar de defender al consumidor por defender a los jefes que les pagan el asesor en la comisión económica».
La diputada Azucena Castillo de la bancada del Partido Liberal Constitucionalista detalló que los liberales se opusieron a la reforma de la Ley por considerar que «de ninguna manera se viene a proteger los derechos de los consumidores si no que por el contrario, pone en peligro al país ante la comunidad internacional financiera que afectará a los nicaragüenses».
La reforma a la Ley 842 se da supuestamente para fortalecer el mecanismo de protección de los consumidores y usuarios según explicó el diputado Wálmaro Gutierrez, aunque para algunos miembros de la oposición como el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada José Adán Aguerri, la medida no es más que un intento de forzar a los bancos a no cerrar cuentas ni suspender relaciones con futuros funcionarios sancionados por Estados Unidos.
A pesar del voto en contra de los diputados del PLC, hubo algunos que sí estaban a favor de la reforma como el diputado Paul González, quien solo por el dictamen de mayoría de su bancada votó en contra pero no sin antes acotar que «tengan en consideración que se lo han ganado ellos mismos (Los banqueros)».
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Paul González es considerado como una ficha de Arnoldo Alemán y recientemente la presidenta del PLC María Haydeé Osuna, solicitó su destitución ante el Consejo Supremo Electoral por no reconocerla como la máxima autoridad del partido. González junto a la legisladora Melba Martínez podrían perder sus escaños por no reconocer a Osuna e irrespetar los estatutos de esa agrupación política.
«La Ley no tiene efecto retroactivo (…) Esto para calmar a la ciudadanía nicaragüense a las entidades estatales, a las empresas privadas y mixtas, porque ha habido prácticamente un ataque mediático en contra de esta iniciativa de reforma» dijo el diputado Gonzáles, que se unió a los legisladores sandinistas para despotricar contra los banqueros.
«Ha habido una buena gestión mediática por parte del sistema financiero de Nicaragua y a ellos les digo, esto sucede porque ustedes han sido los principales abusadores en contra de la ciudadanía nicaragüense, ustedes como guardián del gran capital perjudican a través de sus portafolios que brindan a la ciudadanía» dijo el liberal.
Los «abusos» de los bancos
Otra medida de los bancos que Gonzáles denunció como un «abuso» es lo que hacen con las cuentas de ahorro para estudiantes. «Le ponen un techo mínimo de 5 mil córdobas y como no hay generación en esas cuentas de ahorro, entonces el banco te viene aplicando una medida y te va deduciendo lo que con mucho esfuerzo hacen nuestros estudiantes».
De igual manera otros legisladores zancudos como Mario Asensio Flores y su bancada de la Alianza PLI, respaldaron la aprobación de la reforma e invocó el principio de igualdad de los ciudadanos ante la Ley establecido en la Constitución Política, mientras que su similar del partido sandinista, Wálmaro Gutiérrez, quien está sancionado por Estados Unidos y no puede establecer ningún tipo de relación con los bancos o instituciones financieras, dijo que la Carta Magna debe ser aplicada por parejo, tanto a ciudadanos como a los banqueros.
«¿Me van a decir que la Constitución política se les aplica a todos menos a la banca, menos al sistema financiero?» se preguntó el diputado sandinista desde su escaño y también aprovechó para vociferar contra la banca privada. Dijo que es una reforma que «viene a ponerle un freno a los abusos que las instituciones del sistema financiero nacional han venido aplicando como una práctica cotidiana».
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«No puede ser que nosotros tengamos instituciones financieras con patente de corso que decidan al margen de la Constitución, de la Ley del debido proceso, de la igualdad ante la Ley, quién vive y quién muere en materia financiera en este país» declaró el sandinista, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto que dictaminó la iniciativa de reforma.
La Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras y el Banco Central serían las mediadoras entre la banca y un usuario que denuncie alguna suspensión a su cuenta. Archivo NI
Por su parte Paul González agregó que «el servicio financiero hace uso, goce y disfrute de lo que nosotros depositamos en esas cuentas y ese dinero, nuestro dinero es utilizado para hacer los negocios bursátiles y bancarios que es la razón de ser de los bancos. Hasta se debería de reformar la Ley 520, la Ley General de Bancos por los abusos desmedidos que hace el sistema financiero».
Gonzáles señaló que los servicios que los bancos ya han suspendido a algunos nicaragüenses, como el cierre de cuentas o el cese de relación financiera con funcionarios o instituciones sancionadas ya no pueden ser revocadas y tampoco serán alcanzadas por esta Ley debido a que un principio jurídico es que las leyes no son retroactivas, solo en materia penal y cuando favorece al reo.
El parlamentario liberal también aseveró que esta reforma se daba para que los banqueros tengan «la más mínima consideración con los usuarios porque somos los usuarios los que le damos la vida a sus instituciones».
Nicaragua Investiga
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