Antiguos MRS interponen mecanismo jurídico contra Ley de Ciberdelitos

 Los recursos fueron interpuestos por Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón.

El antiguo Movimiento Renovador Sandinista (MRS), hoy llamado Unamos, interpuso este martes un recurso por inconstitucionalidad en contra de la ley de Ciberdelitos, conocida como «Ley Mordaza» por considerar que es una estrategia del partido de gobierno para «coartar a periodistas y ciudadanos que a diario denunciamos las violaciones a los derechos humanos».

«Dejamos sentado que no vamos a obedecer a ninguna ley que sea ilegal e ilegítima y seguiremos interponiendo recursos contra leyes orteguistas», dijo Suyen Barahona, presidenta  de Unamos los medios nacionales.

Los recursos fueron interpuestos por Suyen Barahona, Ana Margarita Vijil, Tamara Dávila, Julio Ricardo Hernández y Aura Aragón.

«Con este recurso, de nuevo, venimos a dejar constancia de la ilegalidad de esa “Ley Mordaza”, de la violación a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. La Corte Suprema de Justicia está obligada por ley, a actuar cautelando nuestros derechos, no avalando los instrumentos represivos de la dictadura»,  añadió Barahona.

Así afectará la Ley de Ciberdelitos a un ciudadano común

La  Ley de Ciberdelitos fue aprobada el pasado 27 de octubre de 2020 por la aplanadora sandinista con 70 votos a favor; 16 en contra y 4 abstenciones.

La ley pretende castigar a toda persona que filtre información oficial, lo cual afectaría directamente a trabajadores del Estado, así como a aquellas que divulguen lo que el gobierno considere «información falsa, tergiversada o que genere zozobra» en el país. Serán las mismas autoridades de gobierno las que determinen cuando una información cumple con las características para ser objeto de penas o sanciones.

La Ley es altamente restrictiva e invasiva de la privacidad, ya que entre otras cosas permite que las empresas prestadoras de servicios de telefonía e internet, graben los datos de los usuarios y puedan ponerlo a la orden de las autoridades cuando estas así lo demanden. También faculta a la policía y otras instituciones judiciales confiscar bienes electrónicos como celulares, tabletas, computadoras y cualquier otro dispositivo que se considere importante en las investigaciones.

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