La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio un paso más en su estrategia de consolidar el control absoluto del Estado. Este miércoles, la Comisión Especial Constitucional del Parlamento, encabezada por Gustavo Porras, reunió a representantes de la banca privada y del sector microfinanciero para presentarles la propuesta de reformas parciales a la Constitución.
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El encuentro no fue un simple ejercicio de consulta. Según el propio discurso oficial, se trató de explicar los detalles de cambios que afectan los artículos 47, 152, 123 y 130 de la Carta Magna, con el argumento de garantizar “seguridad, estabilidad y paz”. Porras insistió en que el sector empresarial debe aportar a la “lucha contra la pobreza” y que todos comparten el interés por la estabilidad del país. A la reunión asistieron también funcionarios clave del régimen, entre ellos el presidente del Banco Central, Ovidio Reyes; Laureano Ortega Murillo, asesor presidencial para inversiones; y el ministro de Fomento, Industria y Comercio, Ervin Ramírez Colindres.
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El punto central de la reforma es la extensión de los periodos electorales a siete años, renovables. En la práctica, esto abre la puerta a la perpetuación indefinida en el poder de la pareja dictatorial. El dictamen de la comisión debe quedar listo antes de las fiestas patrias de septiembre para su posterior aprobación según información de la propaganda sandinista.
Pero el alcance no se limita a la presidencia. De forma paralela, las mismas reformas igualan los plazos de los jefes del Ejército y de la Policía a siete años. El general Julio César Avilés, al frente de las fuerzas armadas desde 2010, y Francisco Díaz, jefe policial desde 2018, quedan blindados con el mismo esquema de prórrogas. El respaldo público de Avilés a la iniciativa confirma el pacto: estabilidad para los mandos militares y policiales a cambio de sostener con las armas el proyecto de poder vitalicio de Ortega y Murillo.
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Lo que se presenta como un diálogo con la banca privada es, en realidad, la búsqueda de legitimación económica para un rediseño constitucional que elimina cualquier límite temporal al control familiar del Estado. Mientras el régimen habla de “economía sólida” y de aportes empresariales, la reforma consolida un modelo en el que los periodos de gobierno y de mando de las fuerzas de seguridad se alinean para garantizar la continuidad indefinida de la misma élite.
La dictadura no solo ajusta las reglas electorales, ahora reclama la «bendición» del sector financiero privado para blindar su permanencia.
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