Los abogados nicaragüenses que llevan casos de presos políticos se encuentran viviendo una situación “alarmante”, ya que muchos juristas han tenido que exiliarse por la nueva ola de encarcelamiento que mantiene el gobierno de Daniel Ortega, la cual se ha extendido hacia defensores de derechos humanos.
El posible exilio de más abogados podría empeorar la situación de los presos políticos al no documentar las anomalías en los procesos judiciales, ni las condiciones que viven los reos de consciencia dentro de las cárceles, quienes en múltiples ocasiones son sometidos a torturas psicológicas, cuyas denuncias son reveladas a través de sus defensores y familiares.
Una abogada que lleva al menos seis casos de presos políticos y que prefirió el anonimato por temor a represalias, indicó que varios de sus colegas se han exiliado al sentirse amenazados por el gobierno actual.
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La fuente comenta que los abogados que continúan en el país no han bajado la guardia; pero mantienen un perfil bajo por el temor que ha sembrado Ortega. “En la actualidad, ejercer la profesión de abogado y convertirte en defensa técnica de las personas encarceladas en el contexto político, es un peligro para nosotros”, dice.
“Hay muchos abogados que han sido consultados para llevar defensa de las personas detenidas, y han declinado por temor a represalias. Prueba de eso es que los abogados que han asumido esas causas han tenido que exiliarse”, apuntó.
Varios abogados defensores no dan a conocer el exilio
Gonzalo Carrión, defensor de derechos humanos en el exilio y director del Colectivo Nicaragua Nunca Más, confirmó que muchos abogados han sido vistos en Costa Rica porque la persecución llegó a ellos.
“Hay varios colegas que eran defensores de presos políticos y salieron del país; pero no todos han dado a conocer su exilio”, reafirmó Carrión. Agregó que todo abogado defensor de reos políticos es criminalizado por hacer señalamientos sobre estas persecuciones lo cual provoca riesgos en sus vidas.
Carrión explica que los abogados son puestos en la mira para luego ser perseguidos por parte de las autoridades nicaragüenses. “Eso es lo que ha motivado el exilio”, dice.
Gonzalo Carrión es un veterano abogado defensor de derechos humanos. Foto | END
¿Cuál es el objetivo?
La abogada explica que el objetivo es dejar en indefensión al preso político y que este pueda caer en mano del Estado a través de la defensoría pública.
“El Estado tendría el control de los casos y no podría salir ninguna información del proceso, de cuáles son las anomalías y la forma en qué están siendo tratados los acusados”, comparte.
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Gonzalo Carrión sostiene que el exilio de los abogados viene a dejar en detrimento del derecho que tiene la persona privadas de libertad y a la defensa material. “No a la defensa puesta por el Estado”, remarcó.
El director del Colectivo de Defensores Nicaragua Nunca Más asegura que el derecho a la defensa legítima ha sido lesionado desde las primeras oleadas de represión.
Abogados exiliados y otros apresados
Elton Ortega, abogado estaba a cargo de la defensa de los precandidatos apresados Arturo Cruz y Juan Sebastián Chamorro, se tuvo que exiliar en los primeros días de agosto por “amenazas” en su contra.
El equipo de prensa de Chamorro indicó que el abogado fue amenazado tras presentar un recurso de exhibición personal en los Juzgados de Managua, el cual fue denegado. Se conoció que fue el primer defensor de los presos políticos en salir del país forzosamente.
Tras la nueva oleada de arrestos contra líderes opositores, se conoce el exilio de más abogados defensores de presos políticos por la represión que mantiene el gobierno de Ortega, quien tiene tras las rejas al abogado Róger Reyes, integrante del consejo político de la UNAB y defensor del aspirante del precandidato Félix Maradiaga.
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También está apresada la abogada María Oviedo, integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), una organización no gubernamental nicaragüense dedicada a la defensa de los derechos humano en Nicaragua.
María Oviedo fue remitida a juicio por supuestamente violar la Ley de Ciberdelitos, una normativa que fue aprobada por el oficialismo en octubre del año pasado, y que es bautizada por la oposición como “Ley Mordaza”, por criminalizar a todas aquellas personas críticas al gobierno sandinista.
Nicaragua Investiga
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