Más de 30 funcionarios nicaragüenses han sido sancionados desde 2018 por Estados Unidos, la Unión Europea, Reino Unido y Canadá, y aunque la familia de Daniel Ortega se ha visto afectada, principalmente Rosario Murillo, Laureano, Rafael, Juan Carlos y Camila Ortega Murillo, muchos se preguntan porqué razón el mismo caudillo sandinista no forma parte de este tipo de medidas internacionales.
Algunos analistas políticos y economistas responden a esta interrogante.
1- Evitar un conflicto armado
Para el sociólogo y analista político Óscar René Vargas, “no hay ningún impedimento” para sancionar a Ortega.
Sin embargo, en su opinión, la estrategia de la comunidad internacional encabezada por Estados Unidos intenta “seguir presionando para obligarlo a volver al cauce democrático. La estrategia nunca ha sido derrocarlo por la vía militar”, explica.
Esta afirmación es coherente con la política exterior de la administración Biden, que sigue una estrategia de no continuar o iniciar “guerras que nunca acaban”.
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2- Relaciones económicas
El economista Enrique Sáenz, por otro lado, señala que imponer sanciones a un jefe de Estado “implica la ruptura de relaciones diplomáticas” y en consecuencia económicas.
El Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Centroamérica (Cafta, por sus siglas en inglés), sería uno de los primeros acuerdos en ser retirado.
Entre las medidas posibles la sanción directa a Daniel Ortega “es la de más alto nivel”, pero los más afectados por las repercusiones de esta medida serían los nicaragüenses, no precisamente el dictador.
Sáenz considera poco probable que un gobierno de la comunidad internacional tome esta decisión por cuenta propia, “hasta ahora el único dictador sancionado ha sido Nicolás Maduro”.
Éste fue incluido en la “lista negra” de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU en 2017, después de ser desconocido como jefe de Estado. La comunidad internacional le atribuyó esa autoridad a Juan Guaidó. Estar en esa lista significa que está considerado como un “delincuente internacional”.
Si le aplicaran esa sanción a Daniel Ortega, “sería insostenible mantener relaciones con un gobierno encabezado por una persona considerada como delincuente”, enfatiza.
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3- Presos políticos y negociación
Ortega mantiene cautivos a más de 150 opositores entre los que se encuentran académicos, 7 precandidatos presidenciales y 37 líderes políticos y de la sociedad civil que fueron enviados a prisión acusados por lavado de dinero y traicionar a la patria.
Para ambos analistas, Daniel Ortega no teme ser sancionado porque su plan es utilizar a los presos políticos como «fichas de cambio» para negociar con la comunidad internacional. Aunque Sáenz indica que no se deben emitir opiniones sobre la base de especulaciones. Agrega que “Ortega sabe que no van a lograr derrocarlo con sanciones, así que buscará negociar”, explica.
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4- Principal negociador
En este sentido el sociólogo Vargas también argumenta que “Ortega sabe que la comunidad internacional necesita mantener el vínculo de negociación y a eso se atiene”.
De acuerdo con el analista, Ortega mantiene los hilos del poder en todos los sentidos, controla todos los poderes del Estado y es la máxima autoridad en su partido, “por tanto es la principal voz negociadora”. ¿Si no es con él, con quién se negociaría?
Tras las cuestionadas votaciones del pasado 7 de noviembre, la comunidad internacional declaró ilegítimos los resultados en Nicaragua. Ortega ya había anunciado la posibilidad de un diálogo nacional en enero 2022. Lo que supondría una negociación “sin contrapeso”.
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