El reciente restablecimiento de las relaciones entre Nicaragua y la República Popular de China son decisiones que tienen como objetivo «buscar justicia», según el embajador nicaragüense en Estados Unidos, Francisco Campbell.
El diplomático afirmó durante un discurso en un webinar de la organización Alianza para la Justicia Global que, entre otras cosas, estas decisiones se tomaron con la esperanza de que se abran «nuevos caminos y posibilidades para que Nicaragua avance en su compromiso de lograr un desarrollo integral y sostenido, con justicia social para todos».
Francisco Campbell, embajador de Nicaragua en Washington. FOTO: Tomada de Confidencial
Cabe destacar que desde que Nicaragua y China Popular restablecieron relaciones, Taiwán ha denunciado constantemente las arbitrariedades e injusticia con respecto a sus bienes en el país, tales como la sede donde era su embajada, que no se le permitió ser donada a la iglesia católica, y en cambio se instaló la sede de China.
Tras estas situaciones, Taiwán incluso ha advertido de emprender acciones legales contra Nicaragua por la confiscación de sus bienes tras su ruptura de relaciones diplomáticas y desconocimiento de la isla oriental como un Estado, por parte del régimen nicaragüense.
Las sanciones que son válidas para Ortega
Según Campbell, las únicas sanciones que el gobierno de Nicaragua reconoce son las que establezca el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), que también integra su nuevo aliado: China Popular.
El embajador se refirió a las sanciones que Suiza impuso a más funcionarios nicaragüenses este lunes 24 de enero, señalando que «las sanciones matan» y por lo tanto exige que «se eliminen todas las medidas unilaterales, coercitivas e ilegales» que han impuesto diferentes gobiernos con el objetivo de orillar a la dictadura de Daniel Ortega a que finalice el hostigamiento y violaciones de derechos humanos.
La petición de Campbell se realiza luego de que Rosario Murillo suplicó por el cese de sanciones con el mismo discurso que emitió Campbell, en que se señalan estas como medidas «coercitivas e ilegales».
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