Las instalaciones del diario La Prensa continuarán tomadas por elementos de la Policía de Nicaragua, por mandato de la juez Nidia Tardencilla. La presencia policial en La Prensa se mantiene desde agosto del 2021, mismo día en que detuvieron a su gerente Juan Lorenzo Holmann.
Holmann fue declarado culpable y condenado a nueve años de cárcel por el delito de lavado de dinero bienes y activos, ademas se le impuso una multa de 3,2 millones de dólares, según la justicia sandinista.
Declaran culpable a Juan Lorenzo Holmann, gerente de La Prensa
La jueza Tardencilla también ordenó mantener la custodia policial sobre el diario La Prensa, que hasta su allanamiento, era el único periódico impreso que quedaba en Nicaragua.
Violaciones a la Constitución
En una columna de opinión publicada este lunes por el periodista Carlos Fernando Chamorro, en su medio de comunicación Confidencial, señaló que con esta custodia policial a La Prensa, el gobierno de Daniel Ortega viola la constitución política de Nicaragua.
«… está violando dos veces su propia Constitución. Primero, el artículo 37 constitucional establece que “la pena no trasciende de la persona del condenado”. De manera que, además de fabricar una condena injusta contra Juan Lorenzo Holmann por un delito inexistente, el régimen pretende, sin ninguna justificación legal, seguir ocupando las instalaciones del diario La Prensa, incluyendo todas sus oficinas, su redacción, su rotativa, y su imprenta comercial».
Chamorro recordó que el artículo 44 de la Constitución Política de Nicaragua afirma de forma taxativa que se prohíbe la confiscación de bienes, sin embargo, al mantener la ocupación policial de La Prensa, que está cerrada desde hace siete meses y 20 días, «el régimen está ejecutando una confiscación ilegal del principal medio de comunicación del país», dice Chamorro.
Carlos Fernando Chamorro también ha sido víctima de las represalias sandinista y su redacción, Confidencial ha sido allanada en dos ocasiones. En ambas se ha visto obligado al exilio.
Recientemente Cristiana Chamorro, también familiar de Carlos Fernando y Juan Lorenzo, fue declarada culpable por la justicia en el caso contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, donde fue directiva, en que le acusan de lavado de dinero.
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