La Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos condenó abiertamente las nuevas medidas económicas impulsadas por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua. Según el comunicado, estas iniciativas no persiguen proteger a la población del crimen, sino consolidar el control estatal sobre la sociedad civil, congelar activos y perseguir a empresas u organizaciones consideradas amenazas.
Los defensores de Murillo-Ortega están nuevamente institucionalizando la represión. El mundo puede ver claramente lo que hay detrás de estas «reformas,» diseñadas no para proteger a los ciudadanos de la actividad criminal, sino para aumentar el control sobre la sociedad civil,…
— Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) June 23, 2026
La crítica se centra en reformas a la legislación contra el lavado de activos que obligan a los bancos a reportar de forma detallada y periódica todas las compras, retiros y transacciones realizadas con tarjetas de crédito y débito. La Unidad de Análisis Financiero (UAF), controlada por el Ejecutivo, recibirá esta información, lo que permite al gobierno monitorear hábitos de consumo, ubicaciones y movimientos financieros de los ciudadanos con precisión.
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Esta vigilancia rompe el sigilo bancario tradicional y representa una herramienta de control social y político. Analistas independientes señalan que va más allá de la lucha contra el crimen organizado y facilita la asfixia económica selectiva contra opositores, empresarios independientes y cualquier actor que el régimen considere inconveniente.
Mantenerse en el poder, el único interés
La representante federal María Elvira Salazar (Florida, Distrito 27) respaldó la posición estadounidense y fue más allá en su valoración: “La dictadura de Ortega y Murillo no tiene ningún interés en reformarse. Su único interés es mantenerse en el poder a cualquier costo y escapar de las consecuencias por el sufrimiento que le ha causado al pueblo nicaragüense”. La congresista, de origen cubano, afirmó en X que el pueblo nicaragüense no se ha rendido y que “a Ortega y Murillo les llegará su hora”.
Estas declaraciones reflejan la creciente preocupación internacional por el endurecimiento del control interno en Nicaragua.
Mientras el régimen presenta las medidas como avances en transparencia financiera, Washington y voces críticas las interpretan como un paso más en la institucionalización de la represión y el saqueo selectivo. La reacción de Salazar refuerza el mensaje de que el apoyo externo a la causa democrática nicaragüense sigue firme, especialmente desde sectores del Congreso estadounidense con fuerte vínculo con las comunidades exiliadas.
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