Este jueves se llevó a cabo un foro virtual en el que juristas y académicos internacionales denunciaron que en Nicaragua se han usado los juicios contra los opositores como arma de represión.
El evento fue organizado por Voces del Sur y Fundamedios, y en este se tomó como ejemplo el juicio contra Cristiana Chamorro y la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), una organización que tenía más de 20 de apoyar el desarrollo del periodismo independiente de Nicaragua.
Thomas Burt, de Voces del Sur, dijo que el caso de Nicaragua ha servido de ejemplo para otros gobiernos autoritarios de la región, de allí la necesidad de «colocar la situación de nicaragua en la agenda internacional».
Un manual de violaciones reiteradas
Orietta Benavides, abogada defensora titular del caso de la FVBCH, denunció la ilegalidad ocurrida contra sus defendidos en el juicio. «No es mas que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, en el cual se han violentado todos los derechos y garantías constitucionales y procesales de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso», aseguró.
La abogada negó que en el juicio se hubiera probado el delito de gestión abusiva, falsificación ideológica en concurso con lavado de dinero, bienes y activos, a la vez que dijo que el equipo defensor presentó más de 3 mil documentos que demostraron la inocencia de los acusados, pero que fueron desechados por el juez Luden Quiroz.
Instrumentos GAFI para restringir libertades
En este sentido, Joselyn Nieva, Asesora Legal para América Latina del Centro Internacional para la Ley del Sector No Lucrativo, aseguró que Ortega está usando los instrumentos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para restringir las libertades en Nicaragua.
En este sentido, expresó que hay una mala utilización de los estándares del GAFI para afectar el trabajo de las ONG y que esa misma organización “reconoce que muchos países están mal utilizando sus estándares”.
Una dictadura cleptocrática
Por su parte, José Ugaz, abogado penalista de Perú, denunció la forma en que la familia Ortega se ha apropiado del Estado.
«En Nicaragua no existen instituciones públicas ni separación de poder, se caracteriza por ser un país donde impera el tráfico de influencia, la impunidad, y el nepotismo», afirmó y dio como ejemplo el caso de Laureano Ortega, que como operador político es más conocido por el «fraude» del canal interoceánico que vendió junto al empresario chino Wang Jing.
Para el penalista lo que existe en Nicaragua es una «dictadura cleptocrática».
En Nicaragua «hay un terreno fértil para desde la concentración del poder promover negocios corruptos como ha sido el caso de Albanisa, esta empresa con capital venezolano que llegó a 4 mil millones de dólares de inversión en Nicaragua fuera del presupuesto», expresó.
Igualmente dijo que la única manera en que un régimen como este puede mantenerse en el poder es con la represión y que uno de los instrumentos represivos es la administración de justicia. Indicó que la magistrada Alba Luz Ramos, presidenta de la Corte de Justicia, «ha venido garantizando el nombramiento de jueces serviles al régimen encargados de la represión judicial».
A su criterio, frente a un régimen cleptocrático cerrado no hay muchas salidas al interior y por lo tanto temporalmente hay que procurar documentar todo y recurrir al sistema universal para que lo aborde.
Alba Luz Ramos, Presidenta de la Corte Suprema de Justicia | Foto: AFP
Terrorismo de Estado
Paulo Abrao, doctor en derecho y ex Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), fue enfático al señalar que Nicaragua es «un caso concreto de terrorismo de Estado».
«Ese terrorismo de Estado pretende preservar un orden constitucional y su intento es dar una apariencia de legalidad a su sistema de justicia», indicó.
En términos no muy diferentes se expresó la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, para quien en el país vecino impera «un régimen dictatorial, dinástico y cruel».
«Esto ha generado implicaciones en material económica y humanitaria», dijo, recordando la salida de cientos de miles de nicaragüenses a partir del 2018, en su mayoría hacia costa rica, y últimamente hacia Estados Unidos.
«Tenemos que hacer algunas reflexiones sobre las tareas pendientes del sistema internacional, el sistema internacional se ha quedado absolutamente corto para hacer algo efectivo con la situación de Nicaragua», señaló.
Paulo Abrao visitó Nicaragua por primera vez en mayo de 2018.
La expresidenta recordó que las alarmas sobre el deterioro de la democracia en Nicaragua iniciaron desde el 2008. «Daniel nunca ha ocultado nada, nunca ocultó sus intensiones», manifestó Chinchilla, quien indicó que en Nicaragua hubo complicidad de sectores internos.
En relación al actuar internacional, dice que este se ha mostrado incapaz de hacer algo. «El régimen se vuelve en un experto en patear la bola y ganar tiempo a su favor», agregó.
Ciro Colombara, experto en derecho penal de Chile, dijo que la tras 15 años en el poder de los Ortega Murillo «y su camarilla», «la situación es más grave de lo imaginable» y que «es mas difícil de modificar por lo que necesariamente hay que pasar a otra etapa, pasar de la reflexión a la acción, no solo de los organismos internacionales, no solo de los estados, sino de la sociedad civil».
También denuncio que en Nicaragua hay «un uso de la legalidad formal pero con fines fines ilegítimos».
El experto abogó por afectar el bolsillo de quienes se están beneficiando de la grave situación de violaciones a los derechos humanos en este país centroamericano.
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