La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo sumó un nuevo nombramiento oficial dentro de su estructura dinástica. A través del Acuerdo Presidencial No. 105-2026, la pareja dictadora formalizó a su hijo Maurice Facundo Ortega Murillo como «Representante y Delegado de la Presidencia de la República para la Promoción y Desarrollo del Deporte».
Curiosamente, aunque el Artículo 2 del documento manda a que se publique en La Gaceta, diario oficial, para surtir sus efectos, la oficialización del nombramiento se dio a conocer primero a través de El 19 Digital, el portal propagandístico de la familia gobernante, evidenciando una vez más cómo el régimen prioriza sus propios canales partidarios sobre el procedimiento institucional del Estado.
Un cargo ejercido de facto durante dos años
Aunque la formalización se realiza hasta ahora, Maurice Ortega lleva al menos dos años ejerciendo de facto ese cargo. Durante este tiempo ha figurado activamente en abanderamientos de delegaciones, inauguraciones de infraestructura deportiva, reuniones institucionales y eventos públicos actuando formalmente en representación de la Presidencia.
La paradoja del «sin goce de salario»
El Artículo 1 del acuerdo firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo especifica que el nombramiento de su hijo se realiza «sin goce de salario». Sin embargo, esta cláusula resulta un mero formalismo en un régimen caracterizado por la falta de transparencia y la discrecionalidad absoluta en el manejo de los fondos del Estado.
Sin mecanismos de rendición de cuentas ni auditorías independientes, la etiqueta de «ad honórem» no impide que el hijo de la pareja dictatorial disponga de recursos públicos, viáticos, logística y partidas presupuestarias administradas desde la Presidencia o el Instituto Nicaragüense de Deportes (IND).
Control familiar absoluto
Este nuevo movimiento tampoco evade las severas críticas contra la familia Ortega-Murillo por el nepotismo desmedido con el que administran Nicaragua. Los hijos de la pareja dictatorial continúan acumulando cuotas de poder como «asesores presidenciales», representantes en misiones diplomáticas, administradores de medios de comunicación confiscados y delegados de sectores clave de la economía y la cultura.
Con este paso, el régimen intenta formalizar dos años de funciones al margen de la norma, al tiempo que reafirma la conversión de las instituciones del Estado en un patrimonio familiar privado.
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