El expresidente Salvador Sánchez Cerén está siendo acusado penalmente por la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador, por la supuesta malversación de más de 183,6 millones de dólares de fondos estatales.
Un funcionarios de FGR, en una grabación divulgada por la institución en redes sociales, confirmó que Sánchez Cerén se encuentra entre los 18 acusados por los delitos de peculado y lavado de dinero.
Agregó que el Juzgado Quinto de Paz desarrollaría, sin que haya informado si se instaló o se aplazó la diligencia, la audiencia inicial del proceso penal en contra de los 18 acusados. Entre estos se encuentran Manuel Melgar y Manuel Ayala, exsecretario privado de la Presidencia y el exdirector ejecutivo de la Presidencia, respectivamente.
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El fiscal agregó que los fondos “fueron desviados mediante la emisión de cheques” del fondo público a seis cuentas bancarias “no autorizadas” por el Ministerio de Hacienda y estaban a nombre de empleados de la Presidencia.
También se utilizó la cuenta presupuestaria de gastos reservados, en la que se manejan recursos de uso discrecional supuestamente para la inteligencia estatal.
Amigo de Daniel Ortega
Sánchez Cerén fue presidente de El Salvador entre 2014 y 2019 por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Es amigo personal y ahora un protegido del dictador sandinista Daniel Ortega, quien le dio asilo a él y a otros familiares en Nicaragua y luego les regaló la nacionalidad sin que cumplieran los requisitos de ley.
Involucrado Mauricio Funes
Según la Fiscalía salvadoreña, esta misma partida fue utilizada por los expresidentes Elías Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014) para desviar recursos en sus administraciones.
Funes también es otro protegido de Ortega. Se encuentra en Nicaragua desde hace años junto a su esposa e hijos, siendo igualmente nacionalizados. En mayo del 2019 estalló un escándalo cuando se supo que Mauricio Funes y su hijo Diego Funes Cañas recibían salarios del Estado de al menos 3 mil dólares por ser “asesores en asuntos internacionales”.
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Mientras tanto, en septiembre del 2018 Saca fue el primer expresidente en ser condenado por corrupción y purga una pena de 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del presupuesto estatal durante su gestión.
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