La estrategia internacional frente a la crisis de Nicaragua está por dar un giro drástico. A solicitud de Estados Unidos y con el respaldo de Paraguay, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) fue convocado de urgencia para este miércoles 5 de agosto con un objetivo claro: convocar a los cancilleres para evaluar si se declara formalmente al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo como una amenaza a la paz y estabilidad del continente.
Convocar a una cita directa entre los cancilleres de todas las Américas para deliberar sobre la aplicación de «medidas colectivas» conjuntas frente al gobierno nicaragüense sería una de las más contundentes medidas usadas hasta ahora por el organismo en contra del régimen sandinista.
El Consejo Permanente sería el encargado de fijar una fecha para la reunión de cancilleres y el proceso de votación.
Las razones del viraje diplomático
La iniciativa estadounidense surge como respuesta a dos acciones recientes del régimen que encendieron la alarma interamericana: el discurso de Daniel Ortega del 19 de julio en el que proclamó que en Nicaragua «nunca más» habrá elecciones, y la reforma constitucional anunciada el 24 de julio para liquidar legalmente el pluralismo político y anular a la oposición.
En el borrador de resolución elevado a la OEA, Estados Unidos sostiene que la abolición definitiva de las elecciones ya no es solo un problema de violaciones a derechos humanos dentro de las fronteras de Nicaragua, sino que se ha convertido en una crisis geopolítica y migratoria que afecta a toda la región.
El documento denuncia explícitamente que la dictadura de Murillo-Ortega promueve el exilio forzado y la migración masiva ilegal de cientos de miles de nicaragüenses, ejecuta persecución y presuntas «ejecuciones extrajudiciales» fuera de sus fronteras, y facilita operaciones militares, financieras y de inteligencia con actores ajenos al hemisferio para desestabilizar a los países vecinos.
El enigma de la «renovación»: La trampa oculta en la reforma constitucional de Ortega y Murillo
¿Qué implica este movimiento?
Llevar este debate a una Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores es la herramienta diplomática de mayor peso que posee la OEA. El texto de la resolución aclara explícitamente que la iniciativa «no constituye una autorización para el uso de la fuerza armada», pero sí busca acorralar políticamente al régimen mediante bloqueos y acciones coordinadas entre los gobiernos del continente.
Asimismo, aunque el régimen Ortega-Murillo retiró formalmente a Nicaragua de la Carta de la OEA en noviembre de 2023, los promotores de la iniciativa remarcan que el Estado nicaragüense sigue siendo parte de tratados internacionales clave —como la Convención Americana sobre Derechos Humanos—, por lo que continúa sujeto a la rendición de cuentas y a la fiscalización de la comunidad internacional.
La sesión del próximo miércoles 5 de agosto pondrá a prueba a los gobiernos de las Américas, obligando a cada país a fijar postura y revelar si están dispuestos a respaldar un cerco diplomático de mayor escala sobre Managua.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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