En un intento por proyectar una imagen de prosperidad que contrasta drásticamente con la realidad socioeconómica del país, la propaganda del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo sostiene un relato en el que Nicaragua ostenta niveles de empleo superiores a los de las principales potencias económicas del mundo.
Apoyándose en las publicaciones del Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) y del Banco Central de Nicaragua (BCN), el oficialismo presume una tasa de ocupación del 97.8 %, lo que significaría que casi la totalidad de la población en edad de trabajar cuenta con un puesto laboral.
Bajo este discurso, el modelo nicaragüense superaría estadísticamente a países con economías de pleno empleo formal como Catar —que ostenta la tasa de ocupación real sobre la población más alta del planeta con un 87 % debido a su fuerza laboral migrante— o a naciones desarrolladas como Islandia, cuyo nivel de empleo ronda el 84 %.
Sin embargo, detrás del triunfalismo de la propaganda estatal se esconde una distorsión metodológica que convierte la precariedad extrema y la necesidad de subsistencia en un supuesto éxito económico.
La trampa estadística detrás del «pleno empleo»
La razón por la cual el régimen puede atribuirse métricas de ocupación líderes a nivel global radica en los criterios de medición aplicados por las instituciones públicas.
Para el INIDE y el BCN, se clasifica como «ocupada» a cualquier persona que haya realizado al menos una hora de trabajo a la semana, sin importar si este es remunerado, si pertenece al comercio informal ambulatorio o si consiste en labores familiares de mera subsistencia.
Al confrontar este relato con los indicadores del mercado laboral formal —medidos de forma estricta por los registros del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)—, la narrativa del régimen se desmorona. De acuerdo con los reportes del BCN, el país cerró el año 2025 con solo 810,197 trabajadores afiliados al INSS, lo que confirma que el empleo con cobertura social permanece estancado y se ubica un 9.7 % por debajo de los 896,869 cotizantes que se contabilizaban en marzo de 2018, antes del estallido de la crisis sociopolítica.
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Subempleo desbordado y éxodo migratorio
Analistas y economistas independientes señalan que la elevada tasa de ocupación no refleja la creación de puestos de trabajo de calidad, sino la ausencia de subsidios por desempleo, lo que obliga a las familias a autoemplearse en la informalidad para sobrevivir. Las propias cifras del INIDE revelan que la tasa de subempleo afecta a casi el 40 % de la fuerza laboral, mientras que estimaciones independientes ubican la informalidad global por encima del 70 %, dejando a la mayoría de los trabajadores sin salario fijo, vacaciones ni acceso a la salud pública ni pensiones.
Asimismo, la válvula de escape frente a la falta de oportunidades formales ha sido la migración masiva de cientos de miles de ciudadanos hacia Estados Unidos, Costa Rica y España. En lugar de un mercado laboral robusto promovido por el Estado, la economía familiar nicaragüense continúa dependiendo directamente de las remesas enviadas por la diáspora en el exilio, mientras el régimen intenta vender el subempleo de calle como si fuera un milagro económico sin precedentes en el planeta.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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