La crisis en Nicaragua parece haber pasado la etapa de  tibias declaraciones diplomáticas en Europa. Este miércoles, el Parlamento Europeo ha decidido cambiar el tono de forma drástica al abrir un debate que busca golpear donde más le duele a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo: en sus finanzas y en su impunidad legal.

Para la comunidad nicaragüense, tanto la que resiste dentro del país como la que sufre el destierro, este movimiento representa una de sus demandas más antiguas: que la comunidad internacional deje la retórica y actúe con fuerza real.

Muerte de presos políticos, el detonante

El detonante de esta urgencia europea es la alarmante situación de los presos políticos y, de manera trágica, la reciente muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera. Casos como el de Rivera, junto a los de ciudadanos como Carlos Brenes y Salvadora del Socorro Martínez, evidencian que estar tras las rejas en Nicaragua es una potencial sentencia de muerte.

Ante esta realidad, las distintas fuerzas políticas de la Eurocámara —desde la izquierda hasta la derecha— han alcanzado un consenso histórico: la vía diplomática está agotada.

Dictadura aniquila el secreto bancario y amplia delitos de terrorismo

La propuesta que se votará este jueves va mucho más allá de las quejas habituales. Los eurodiputados exigen aplicar el principio de justicia universal, lo que significa que los tribunales de cualquier país europeo podrían investigar y juzgar a Ortega, Murillo y sus operarios por crímenes de lesa humanidad. Incluso, se plantea presionar para que la Corte Penal Internacional asuma el caso, respondiendo al clamor de las víctimas que no encuentran ni una pizca de justicia en los tribunales nicaragüenses.

Esta propuesta en particular fue hecha por el grupo Patriotas por Europa (PFE) que insta a los 27 estados miembros a «abrir investigaciones contra el régimen Ortega-Murillo por crímenes de lesa humanidad», mientras la Alianza de Progresistas y Democrátas incitan a considerar «la remisión del caso a la Corte Penal Internacional».

Asfixia económica

Además de la persecución penal, la estrategia busca asfixiar económicamente al aparato represor. El Parlamento Europeo debate suspender los beneficios comerciales de Nicaragua mediante la activación de la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la UE y Centroamérica. Para el nicaragüense de a pie, esto es un arma de doble filo, pero el mensaje en general es claro: no se puede seguir financiando a quienes ordenan la represión.

Los diputados exigen que ni un solo euro de los fondos de cooperación termine en las arcas del régimen, proponiendo que esos recursos se desvíen directamente para apoyar a los exiliados y a las organizaciones democráticas.

Finalmente, la crisis de Nicaragua ha escalado a un problema de seguridad global. La Eurocámara ya no solo ve un conflicto interno, sino un peligro transatlántico debido al alineamiento político y militar del régimen con potencias como Rusia y China. Al final del día, el mensaje que se cocina en Europa es el que la ciudadanía nicaragüense lleva años esperando: el tiempo de la impunidad se está terminando.

La resolución unificada que se votará este jueves dictará si el mundo está listo para pasar de la condena moral a la acción penal y financiera directa contra los dictadores de Nicaragua.