El Cuá es un municipio de Jinotega ubicado a 208 kilómetros al norte de Managua, marcado no solo por los enfrentamientos de la guerra en los años ochenta, sino por uno de los actos de corrupción más recordados en la historia reciente: la expropiación de bienes privados por parte del primer régimen sandinista, uno de los temas más polémicos que está presente en la Nicaragua de la actualidad.
A inicios de esa década era un poblado muy pequeño hasta que fue elevado a municipio en 1989. Luis Fley, mejor conocido como comandante “Johnson” dentro de las filas del Frente Democrático Nicaragüense (FDN) —organización armada de la Contra en el norte—, lo recuerda como un pueblo donde existían unas 120 casas.
A un kilómetro del centro del pueblo había varias fincas cafetaleras, entre ellas la suya: una propiedad de 142 manzanas de tierra llamada “La Delta” que años más tarde sería confiscada por los sandinistas, quienes gobernaron con puño entre 1979 y 1990.
Debido a su formación como técnico agropecuario, Fley adquirió la finca porque tenía interés de incursionar en la siembra de café, y pagó unos 400 mil córdobas, una cifra que en aquellos años resultó “barata”, afirma en entrevista con Nicaragua Investiga.
Después del triunfo de la revolución, en agosto de 1979, Fley trabajó para el nuevo gobierno sandinista como responsable de la Empresa Nicaragüense del Café, acopiadora estatal, que instalaron en el poblado de El Cuá, donde tenía su finca. Los sandinistas lo buscaron para que se hiciera cargo de la compra de ese rubro.
Amenaza para la revolución
Con el sandinismo los campesinos comenzaron a molestarse porque no se les pagaba en efectivo, sino que recibían un papel como recibo y se les informaba que en seis meses recibirían su pago. Esa situación “creó un resentimiento” contra la revolución.
En 1981, atraído por su simpatía con el Movimiento Democrático Nicaragüense, Fley participó en una manifestación en Matiguás, municipio del departamento de Matagalpa ubicado 249 kilómetros al norte de Managua, donde coincidió con Alfonso Robelo, uno de los miembros de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional instalada tras la caída de la dictadura somocista en 1979.
Él ya se había convertido en una “amenaza para la revolución” y dieron orden para matarlo, según le avisaron sus amigos. Después de la marcha regresó a Jinotega y lo encarcelaron. Al poco tiempo fue liberado por gestiones de sus hermanos que estaban en el Ejército.
“Ya me había convertido en un reaccionario, en un contrarrevolucionario, porque yo también me había puesto a la par de los campesinos en su crítica contra el sandinismo que cambió la vida en el campo”, cuenta Fley. “Estaba previsto que me emboscarían, me asaltarían y me matarían para terminar con ese problema porque estaba desobedeciendo los mandatos de la revolución”.
Inicia el “calvario” en la zona
El 13 de junio de 1981, Fley partió hacia Honduras donde junto con otros armados antisandinistas se integró a las filas del grupo Milicias Populares Antisomocistas (Milpas). Fue la justificación que tuvo el primer régimen sandinista para confiscar la finca y la casa que estaban en El Cuá.
“El sandinismo comenzó a confiscar las propiedades de mis vecinos, del Trébol, de los hermanos Fajardo, Santa Ana, de los hermanos Chávez, y se creó un caos en el campo (…) Mi esposa quedó en la casa con dos niños, uno de tres años y otro de diez meses, al día siguiente llegaron los sandinistas y se apoderaron de la casa, de la finca y todos mis bienes, mi esposa salió solamente cargando a mi niño, la desalojaron de la casa. Así comenzó el calvario”, describe.
La finca pasó a manos de campesinos que simpatizaban con los sandinistas y conformaron una cooperativa. La casa que estaba en el pueblo, la convirtieron en un cuartel de la temible Dirección General de la Seguridad del Estado —dirigida por Lenín Cerna— donde “torturaban a los campesinos, los mantenían encarcelados”.
Luego, en los años noventa, la propiedad pasó a manos de un capitán del Ejército. Pero ahora no sabe qué pasó, porque era bien grande en el centro del poblado. “Hace tres años estuve en El Cuá y la casa ahí está, aunque han vendido parte de la propiedad. Donde era mi casa hay más casas. Eso prácticamente ya está perdido y no tengo ninguna posibilidad de recuperarlo”, lamenta.
Las confiscaciones y el secretismo
Después del triunfo de la revolución, confiscaron bienes y propiedades y se las repartieron entre los más altos comandantes bajo el argumento de que no tenían dónde vivir. Los bienes eran empresas, mansiones, haciendas, cuentas bancarias, vehículos. Fue un acto de ilegalidad que aún pagan los nicaragüenses por 2,200 millones de dólares.
La Junta de Gobierno emitió el 22 de agosto de 1979 el decreto “Confiscación de Bienes” que ordenó de “inmediato” la intervención y confiscación de todos los patrimonios de la familia Somoza, militares y funcionarios que hubiesen abandonado el país a partir de diciembre de 1977. Al final el proceso se conoció como “La Piñata”.
Para evitar el abuso de estos recursos, la Junta de Gobierno firmó otro decreto el 19 de septiembre de 1979, titulado: “Destino Mansiones y Residencias de Lujo Expropiadas”, en el que se intentó evitar que los “piñateros” se apropiaran de los bienes y debían convertirse en centros de recuperación, rehabilitación de inválidos de guerra, casas de salud y reposo para combatientes, centros escolares, universitarios, museos, bibliotecas, casas de protocolo para personal diplomático extranjero.
El decreto ordenaba que los inmuebles no podrían servir para residencias de funcionarios de gobierno. Pero los ex guerrilleros sandinistas no devolvieron los bienes al Estado de Nicaragua, aunque irónicamente pregonaban la “mística revolucionaria sandinista”, que significaba no robar y ser honesto en todo.
Vilma Núñez, presidenta y fundadora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), fue invitada al primer Congreso del Frente Sandinista en 1991, donde la propusieron para formar parte de la Comisión de Ética, que tenía como tarea descubrir quiénes eran las personas que se habían beneficiado con “La Piñata”.
En aquél congreso eligieron como tesorero del partido a Henry Ruiz, uno de los nueve comandantes de la revolución conocido como “Modesto” para vigilar esas propiedades. Irónicamente Ruiz fue uno de los beneficiados de “La Piñata”.
“Fue imposible hacer funcionar esa comisión. Nos ocultaron toda la información, nos negaban absolutamente todo”, dijo Núñez en una entrevista concedida el 8 marzo de 2021 en el programa Voces de Mujer. Ella recordó que le dijeron que 30 propiedades eran del Frente Sandinista, pero no hubo forma de saberlo.
“Era una lucha diaria con Henry Ruiz pidiendo la lista de las propiedades”, explicó. Después de insistencia, apareció en las oficinas de Ruiz el comandante Bayardo Arce diciendo: “Estas son las propiedades del Frente, pero no se las vamos a dar porque ustedes las pueden quitar y no se puede filtrar”.
Se estiman 28 mil propiedades
No existe el dato exacto de cuántas propiedades fueron confiscadas por la primera administración sandinista. Posterior al triunfo de doña Violeta Barrios de Chamorro, en 1990, se legalizaron de manera exprés unas 20 mil viviendas a través de tres leyes (85, 86 y 88). Se estima que unas 125 mil tierras se entregaron a un grupo de personas no identificadas. Con la Ley 88 se emitieron 10,200 títulos de Reforma Agraria para cooperativas sandinistas.
Más después, en el llamado período de transición, se emitieron otros 16 mil títulos que firmó el comandante Jaime Wheelook, quien era ministro de Cultura y Reforma Agraria.
Ante esto, el gobierno de doña Violeta emitió un decreto para crear la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones y revisar 25,000 propiedades agrícolas y urbanas. Se recibieron unos 4,600 casos de revisión hasta el 31 de diciembre de 1990. Dicha Comisión resolvió al menos 1,000 casos, hasta el mes de junio de 1991. Sin embargo, la CIDH emitió un informe anual que sostiene que pocas resoluciones fueron acatadas y los bienes regresados a sus legítimos dueños, cuando dichas propiedades estaban en manos del Gobierno.
Moisés Hassan, quien estuvo en la Junta de Gobierno en esa época, afirma que “no vio una lista pública” de las propiedades y sostiene que “La Piñata” no comenzó en la década del 90 como muchas veces se ha pregonado.
“La Piñata no ocurrió en los noventa, sino a mediados de 1979. La Junta de Gobierno en la que yo estaba todavía aprobamos un decreto que regulaba el uso que se adhería a los bienes confiscados a los somocistas. Y una de las cosas que decía el decreto es que se destinaban esos bienes y viviendas a miembros del partido sandinista. La Piñata empezó allí y más tarde la legalizaron”.
Núñez sostiene que la Comisión de Ética no pudo “tener un inventario de cuántas propiedades se trataban y de quiénes eran”. Sin embargo, reconoce que tocar este tema con un mínimo de conocimiento, es sumamente peligroso.
Una muestra de ese peligro es el asesinato del Dr. Arges Sequeira Mangas, en la década de los noventa, cuando era presidente de la Asociación de Confiscados de Nicaragua conformado por unas 26 mil personas a las que el régimen sandinista les había confiscado sus propiedades, y que reclamaban la devolución de estas al gobierno de Chamorro.
“El inventario tiene que buscarse ahora en dos formas: en primer lugar, la gente que ha tenido la oportunidad de recurrir a todos los mecanismos que se implementaron con el gobierno de doña Violeta para indemnizar a los confiscados injustamente. O vigilar a todos los que se apropiaron de esas propiedades”, recomienda Núñez.
Estados Unidos ha dicho que entre 1979-1990 las confiscaciones sumaron aproximadamente 28.000 propiedades, muchas de las cuales todavía están en disputa o en espera de resolución por parte del Gobierno de Nicaragua. “Todavía existen más de cien casos históricos no resueltos registrados y con frecuencia somos informados de nuevos reclamos de ciudadanos estadounidenses”, según una nota de prensa emitida el 18 de abril de 2022.
Estados Unidos tiene una lista de algunas propiedades confiscadas con nombres específicos. Ver archivo aquí.
El comandante “Modesto” con una lujosa casa
Henry Ruiz, el comandante “Modesto”, también estuvo involucrado en estos actos de ilegalidad. Se trata de una casa ubicada en el lujoso colonial Los Robles que cuenta con sala de estar para recibir visitas, comedor para diez personas, cocina, cuatro cuartos, sala principal, patio trasero, garaje para dos vehículos y jardín, según descripción de uno de los familiares de los confiscados.
La propiedad, que inicialmente pertenecía a la familia Terán, fue adquirida en 1977 por Fernando José Chamorro Rappaccioli y Martha del Socorro González Rappaccioli a través de una hipoteca con una financiera que operaba en aquella época.
Chamorro Rappaccioli, conocido como “El Negro Chamorro”, fue un rebelde nicaragüense que intervino en acciones insurreccionales desde los años 50 en contra del régimen de la familia Somoza y luego contra los sandinistas.
El hijo del matrimonio, Fernando Chamorro González, intentó recuperar la propiedad de sus padres y en varias ocasiones buscó al comandante “Modesto”, quien fungía como ministro de Planificación y Finanzas, pero nunca lo recibió.
“En varias visitas que hice frecuentemente a Nicaragua traté de comunicarme con él. Nunca me recibió, siempre fue a través de sus guardaespaldas, hasta que llegaron a amenazarme y me dijeron que si yo seguía molestando que me atuviera a las consecuencias, eso fue antes del noventa, antes que se perdieran las elecciones del Frente Sandinista”, explicó Chamorro en entrevista con Nicaragua Investiga.
En 2010, en una entrevista con La Prensa, el comandante “Modesto” reconoció que la casa de Los Robles no le pertenecía; luego dijo que la compró. “Después que ya salieron las leyes, un grupo de amigos se agruparon, encontraron los fondos, compraron bonos, y con esos bonos, que eran los bonos de indemnización, compré esta casa”, afirmó.
“Lo que ha manifestado Henry Ruiz, me lo manifestó a mí por teléfono, de que él adquirió la casa legalmente en la época de la Violeta, porque unos amigos le dieron para comprar la casa. Sin embargo, la casa la usó desde el año 1979 y la pone legal hasta en los años noventa en la época de La Piñata, él es parte de La Piñata”, señaló el hijo del matrimonio confiscado.
Pocos días después del derrocamiento de Anastasio Somoza Debayle en 1979 fueron al residencial, pero no les fue permitido el ingreso. “Había retenes militares con tanquetas y nos dijeron que la orden era que no podía entrar ninguna persona que no residiera en el lugar. Al nosotros insistir, sencillamente nos amenazaron y si no nos movíamos iban a tener que proceder a utilizar las armas”, señaló Chamorro.
El encuentro con Tomás Borge
Entre 1979 y 1990, Ruiz no mostró de que adquirió legalmente la propiedad o pretendió llegar a un arreglo con la familia Chamorro. “Nos dimos cuenta que su padre estaba enfermo y nosotros le ofrecimos un apartamento que teníamos en Diriamba y que nos desalojara la casa o que negociáramos la casa, lo cual se negó y que él era un comandante de la revolución y que no tenía nada que negociar”, rememora Chamorro.
En el lujoso residencial, las propiedades actualmente tienen un valor de entre US$150,000 y US$350,000. Aquí muchas otras personas, conocidas de la familia Chamorro, también fueron confiscadas.
“La casa queda ubicada en residencial Los Robles, en la etapa original. Los vecinos eran los Llanes, está Rony Lacayo, Benjamín Gallo (…) Todos ellos fueron confiscados y sus casas ocupadas, inclusive la casa de los Lugo fue ocupada por Tomás Borge”, recuerda Chamorro.
Después de ese episodio “El Negro Chamorro” se encontró con Tomás Borge Martínez, quien desacreditó la versión de la familia de que el comandante Henry Ruiz se había apoderado de esa residencia.
“Borge le preguntó cómo estaba la situación de él, que si había logrado conseguir su casa y mi papá le indica que no, que una persona le usurpó y al darle el nombre, Borge le dice que eso es imposible, que no pueden sacar a un comandante de la revolución y que se busque otra casa, que la revolución se la va a otorgar a lo que “El Negro” le contestó que él no era ladrón como ellos, que él quería su casa”, recuerda Chamorro.
La fortuna que amasó Borge
Tomás Borge Martínez (1930-2012), el temido comandante que dirigió el Ministerio del Interior, fue uno de los sandinistas que más se benefició con las confiscaciones.
Se hizo de varias propiedades en Bello Horizonte, Managua, que ocupaban una extensión de 7.8 manzanas de tierra. Tras la derrota electoral en 1990 las puso a nombre de Luz Danelia Talavera Valenzuela, una licenciada en Pedagogía, pero luego las comenzó a vender y algunas las traspasó a La Verde Sonrisa, la asociación sin fines de lucro que fundó en 1992.
“Yo no soy un hombre rico. En lo personal no soy adinerado. Nunca cambiaré de casa, vivo en una casa modesta de Bello Horizonte”, contestó en una entrevista que ofreció a La Prensa en 2010. Su discurso era lo opuesto a lo que realmente tenía. La fortuna que amasó por medio de la venta de esas propiedades era inicialmente de US$2.3 millones. Antes de morir en 2012, otras tres que vendió le generaron US$1.6 millones.
Cinco manzanas las vendió a la sociedad Desarrollo Comercial Bello Horizonte S.A. (Decobehsa), por un monto de US$687,278.88 dólares y donde actualmente funciona el centro comercial llamado Multicentro Las Américas, propiedad del Grupo Promérica.
Borge también apareció como latifundista —negó serlo en su momento— de 1,700 manzanas que conformaban Las Plazuelas, una finca ubicada en las faldas del volcán Mombacho, al suroeste de la capital en el municipio de Nandaime. Una propiedad valorada en un precio irrisorio de un millón de córdobas.
La casa de los hermanos Ortega-Saavedra
Daniel Ortega también se apropió de la casa del empresario nicaragüense Jaime Morales Carazo y de su esposa Amparo Vázquez. Es una lujosa propiedad dentro del complejo El Carmen, que abarca unas dos manzanas de tierra. En la zona también están otras siete propiedades que fueron compradas por Ortega a precios irrisorios.
La propiedad la tenía hipotecada Morales Carazo y fue valorada en un millón de dólares en su momento, pero Ortega “pagó” menos de 42 mil dólares al Banco de la Vivienda de Nicaragua (Bavinic). En el amplio complejo donde vive el dictador hay oficinas, un campo deportivo de béisbol y un salón donde ofrece sus discursos o recibe delegaciones extranjeras y sus funcionarios.
El caudillo sandinista siempre defendió con sarcasmo quedarse con la casa de Morales Carazo. “Yo nunca he tenido casa propia y creo que tengo derecho a una. Por el compromiso que tengo con los pobres y desfavorecidos, no saldré de casa”, dijo.
Morales Carazo, quien siempre sostuvo que se trataba de un bien “valioso y con contenido valioso”, en 2007 se convirtió en vicepresidente de Ortega y dijo que había llegado “a un acuerdo muy satisfactorio, muy caballeroso, y todo finiquitado”.
Humberto Ortega, hermano menor del dictador, fue el jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), en la década de los 80. Él se apoderó de tres casas en el lujoso sector de Santa María de los Lagos, en Carretera a Masaya.
Las casas las unió y las remodeló a su gusto y el de su esposa a un costo de casi U$S100,000, según relató el ex mayor Róger Miranda Bengoechea, ex brazo derecho de Humberto Ortega en los ochenta, en su libro “La Guerra Civil en Nicaragua: Dentro de los Sandinistas”, publicado en 1993.
En el libro relata que la casa remodelada incluía un dormitorio principal, con paredes de vidrio ahumado que daba a un jardín privado; perreras grandes para sus canos y un campo de béisbol donde jugaba. Además, construyó un alto muro alrededor de la casa, de acuerdo con la tendencia de Managua durante la década de 1980.
Hassan señala que en lo único que ha sido franco Humberto Ortega es cuando afirma que provienen de una familia extremadamente pobre. “Estuvo contando con mucha franqueza que los hermanos de él fallecieron cuando niños por falta de recursos para proveerles la atención de salud que requerían. Eran gente sumamente pobre”, asegura. “Todo lo que tenga a su nombre es producto de La Piñata”, insistió.
La noche oscura en la actualidad
Después de 44 años, el régimen de Ortega-Murillo revive el tema de las confiscaciones y sigue con sus arbitrariedades. Tras despojar de su nacionalidad a 316 nicaragüenses sobrevino el temor y se cumplió: confiscaciones de sus bienes y sus propiedades.
Ortega ordenó la “inmovilización y el decomiso a favor del Estado de Nicaragua, de todos los bienes inmuebles” que tengan inscritos los 222 expresos políticos desterrados el 9 de febrero de 2023. La sentencia tiene fecha del 19 de mayo, pero salió a luz pública el 9 de junio, cuatro meses después del destierro de los excarcelados políticos.
El 1 de marzo, la Procuraduría General de la República (PGR), oficializó el decomiso de los bienes de las 94 personas declaradas apátridas y traidores a la patria el 15 de febrero de 2023.
El cardenal que le tocó enfrentar la segunda dictadura sandinista
Pero la “noche oscura” revivió desde 2018. El régimen también puso en marcha un plan para desarticular a las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) y a la fecha se han cerrado más de 3 mil oenegés en Nicaragua, lo que equivale a 255 millones de dólares en pérdidas, 23,483 desempleados y 3.4 millones de beneficiarios desatendidos.
“La expropiación se convirtió en un modus operandi del régimen”, dijo Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río, una de las primeras organizaciones desmanteladas en 2018 que le confiscaron 22 propiedades y las cuentas bancarias, lo que representa un impacto económico de US$1.5 millones.
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