La cuestionada persecución judicial en Guatemala contra exfiscales y exfuncionarios anticorrupción abrió una disputa diplomática con Colombia y la ONU, que se suma a otra con Estados Unidos por la misma causa.
El conflicto estalló el lunes cuando el fiscal Rafael Curruchiche anunció un proceso contra el ministro de Defensa de Colombia, Iván Velásquez, por supuestas acciones ilegales mientras dirigía la CICIG, una comisión antimafias de la ONU en Guatemala, de 2013 a 2019.
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De inmediato, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, llamó a consultas a su embajadora Victoria González y «en reciprocidad» Guatemala hizo lo mismo al día siguiente con su representante en Bogotá, Reagan Vega.
Velásquez «demostró luchar contra la corrupción y no permitiremos que la corrupción lo persiga», tuiteó el mandatario colombiano.
En respuesta, el presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de gira en España, calificó como «un error de guerrillero» la reacción del gobernante izquierdista colombiano, pero Estados Unidos y la ONU también condenaron la acusación contra Velásquez.
Asimismo, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó «una vez más su preocupación por los numerosos informes que sugieren que se está ejerciendo la persecución penal contra quienes buscaron esclarecer casos de corrupción y trabajaron para fortalecer el sistema de justicia en Guatemala», según su portavoz, Farhan Haq.
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«Resulta dramático, dada la historia de Guatemala, que quienes luchan para la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos, sean los que están siendo perseguidos y procesados», dijo el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.
– «Ninguna prueba» –
La acusación contra el exjefe de la CICIG (Comisión la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que operó de 2007 a 2019) se suma a una seguidilla de arrestos de exfuncionarios de esta misión internacional y de fiscales guatemaltecos anticorrupción.
«Tales acciones debilitan el Estado de Derecho y la confianza en el sistema de justicia de Guatemala», escribió en Twitter el martes el jefe de la diplomacia estadounidense para América Latina, Brian Nichols.
La fiscalía guatemalteca acusa a Velásquez de haber avalado, presuntamente de manera irregular, los acuerdos de «colaborador eficaz» de tres exdirectivos brasileños en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht en Guatemala.
Pero Edie Cux, director de Acción Ciudadana, capítulo local de Transparencia Internacional, estima que el caso contra Velásquez «es espurio», pues «realmente se basa en ninguna prueba».
«El Ministerio Público [Fiscalía] ha perdido totalmente el camino, el mandato legal por el que ha sido creado. Lejos de perseguir los delitos se han vuelto prácticamente un bufete de defensa pública para las personas que han sido señaladas de corrupción», afirmó Cux a la AFP.
La CICIG, cerrada por el gobierno guatemalteco en 2019, junto a la fiscalía local develó varios escándalos de corrupción en el país centroamericano.
El caso de mayor impacto involucró al entonces presidente Otto Pérez (2012-2015), acusado de encabezar una estructura de defraudación en aduanas y condenado a 16 años de prisión en diciembre pasado.
En 2021, luego de que comenzara la cruzada contra los fiscales anticorrupción en Guatemala, Washington sancionó a la fiscal general guatemalteca, Consuelo Porras, a quien incluyó en su listado de «corruptos y antidemocráticos» y le prohibió el ingreso a Estados Unidos.
La fiscalía guatemalteca afirmó que «es una institución autónoma e independiente» y que las críticas internacionales son un intento «de incidir en su labor de investigación, la cual se fundamenta en la Constitución y las leyes guatemaltecas».
Pero sus argumentos no convencen a la directora de la ONG ProJusticia, Carmen Aída Ibarra, quien asegura que la acusación contra Velásquez debilita la lucha contra la corrupción.
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Además, destaca que esta causa «no tiene ningún sentido», porque Velásquez «goza de inmunidad a perpetuidad por sus acciones, opiniones y criterios expresados en el desempeño de sus cargos», según una ley aprobada por el Parlamento.
El portavoz de Guterres también recordó que la inmunidad de los exfuncionarios de la CICIG «continúa a pesar de que ya no se encuentran en sus cargos».
«Acá hay una articulación de parte de las fuerzas que están en contra de la lucha contra la corrupción tanto en Guatemala como en Colombia», expresó Ibarra a la AFP.
Explicó que la cruzada contra la CICIG comenzó en 2017 bajo el gobierno del presidente Jimmy Morales (2016-2020), pero Giammattei «prosiguió y profundizó la línea».
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