La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves la responsabilidad internacional de Nicaragua por la detención ilegal y arbitraria, los tratos crueles, inhumanos y degradantes, y la deportación irregular del ciudadano estadounidense Jason Zachary Puracal. Los hechos se originaron en 2010 durante una investigación por tráfico de drogas.
Según la sentencia notificada a las partes, el Estado violó también los derechos a la salud, al agua y al saneamiento de Puracal por las condiciones en que permaneció privado de libertad. La Corte determinó además vulneraciones a las garantías judiciales, a la presunción de inocencia, a la honra y dignidad, a la asistencia consular y a la protección judicial.
Los hechos comenzaron la noche del 11 de noviembre de 2010. Agentes de la Policía con el rostro cubierto allanaron la oficina y la vivienda de Puracal en San Juan del Sur, en presencia de su hijo de tres años. El operativo carecía de una orden judicial válida y se incautaron bienes que nunca fueron devueltos.
Puracal, exvoluntario del Cuerpo de Paz y dedicado al negocio inmobiliario en esa zona turística, fue trasladado sucesivamente a varias cárceles, entre ellas El Chipote y La Modelo. Durante varios días no existieron registros claros de su paradero. Permaneció más de 21 meses en condiciones de hacinamiento, con acceso limitado a agua potable y sin atención médica adecuada. El proceso penal estuvo marcado por retrasos y múltiples irregularidades.
Aunque fue condenado, el Tribunal de Apelaciones anuló el juicio en septiembre de 2012 y ordenó su liberación. Poco después fue deportado a Estados Unidos.
La Corte subrayó que el allanamiento nocturno ilegal afectó también la vida privada de Puracal y generó impactos en los derechos de su esposa, su hijo, sus hermanas y su madre.
Como medidas de reparación, el tribunal ordenó a Nicaragua adecuar su legislación sobre prisión preventiva oficiosa para que resulte compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Asimismo, le exigió adoptar las acciones necesarias para que las condiciones de las cárceles La Modelo y El Chipote se ajusten a los estándares internacionales de derechos humanos.
*Este artículo fue elaborado mediante la colaboración estratégica entre nuestro equipo editorial y herramientas de inteligencia artificial.
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