Las principales oenegés defensoras de derechos humanos en Venezuela exigieron este miércoles la derogación de la ley contra el odio, que en la última década justificó cientos de arrestos a quien «generara incomodidades» para el gobierno chavista.
La presidenta interina, Delcy Rodríguez, reconoció la víspera un «uso abusivo» de esta norma y solicitó al Parlamento una reforma como resultado de negociaciones políticas entre el gobierno y un sector de la oposición.
Rodríguez, que gobierna bajo presión de Washington, solicita la modificación de esta ley casi diez meses después de la caída de Nicolás Maduro en un operativo militar estadounidense.
Al principio del año impulsó una amnistía que ha permitido la excarcelación de cientos de presos políticos, muchos de ellos encarcelados por esta ley que contempla penas de entre 10 y 20 años de cárcel.
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Según la oenegé Foro Penal, al menos 927 personas han sido imputadas por «instigación al odio» desde la creación de esta norma en 2017.
«Es una ley que ha demostrado claramente el talante represivo del poder», dijo a la AFP Gonzalo Himiob, director de Foro Penal.
El abogado explica que, por la forma en la que se tipificó ese delito, constituyó «una fórmula para ser utilizada básicamente contra quien generara incomodidades en el poder».
La ley facilitó el arresto de dirigentes políticos, opositores, periodistas e incluso personas comunes que se quejaron por el mal estado de los servicios públicos o que publicaron memes antigubernamentales en Whatsapp.
Himiob razona que los «criterios amplios y difusos» de la norma permiten abordar casi cualquier hecho como instigación al odio.
La ley fue impulsada, tras un período de fuertes protestas antigubernamentales, por la propia Delcy Rodríguez en 2017 cuando presidió la Asamblea Constituyente, una instancia que rigió como un «suprapoder» que anuló al Parlamento de 2015, de mayoría opositora.
Foro Penal alerta que aún permanecen tras las rejas 328 presos políticos, al menos seis de ellos imputados mediante la ley contra el odio.
Himiob cree que la norma «debe ser completamente derogada» y no reformada. Otras organizaciones coinciden.
«Una reforma parcial es insuficiente para resolver los vicios de origen, las restricciones desproporcionadas y las incompatibilidades con los estándares internacionales de derechos humanos», resalta un comunicado enviado a la AFP por Provea, una de las siete organizaciones firmantes.
El Parlamento creó una comisión para trabajar en una reforma que busca «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en esta legislación, según explica una carta enviada por la presidenta al jefe de los diputados, su hermano Jorge Rodríguez.
AFP
