Estados Unidos emitió este jueves sanciones contra dos hermanos venezolanos por dar respaldo al hijo del presidente en disputa, Nicolás Maduro, y a las “corruptas actividades de miembros del régimen ilegítimo” de Venezuela.
Santiago José Morón Hernández y Ricardo José Morón Hernández fueron designados por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro como colaboradores del hijo de Maduro, Nicolás Ernesto Maduro Guerra.
“Mientras el pueblo venezolano sufre, el régimen ilegítimo de Maduro ha enfocado sus esfuerzos en afianzarse más al poder”, dijo el secretario del Tesoro, Steven T. Mnuchin.
“Estados Unidos está comprometido a focalizar a individuos que ayudan y fomentan a este régimen corrupto ignorando el bienestar del pueblo venezolano”, agregó.
El documento dice que la familia Morón Hernández es socio de confianza de Nicolás Maduro y su hijo Nicolás Ernesto, y Santiago y Ricardo distribuyen activos para el presidente en disputa y su familia por rodo el mundo.
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La OFAC explica que el hijo de Maduro contrató a Santiago y Ricardo Morón Hernández para hacer negocios a su nombre y ambos han usado diferentes compañías para sus transacciones. Además, Santiago es el principal asistente de Maduro Guerra y regularmente lo acompaña, mientras que Ricardo se encarga de sus actividades operativas.
La nota dice que los tres y otros aliados cercanos son las figuras centrales en la industria del oro en Venezuela.
Nicolás Ernesto Maduro Guerra está acusado de hacer transacciones ilícitas, como la venta de oro extraído en Venezuela y despachado desde el Banco Central de Venezuela, el cual fue designado por la OFAC en 2017. Según la Oficina, Santiago y Ricardo Morón supervisan el mecanismo financiero del comercio ilícito de oro.
A Santiago se le designa por haber asistido materialmente, promover o proveer apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios al hijo de Maduro o para respaldarlo.
Ricardo ha asistido materialmente, promovido o brindado apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en respaldo de la corrupción pública de altos funcionarios del gobierno en disputa de Venezuela.
La OFAC dispone que todas las propiedades e intereses de estos individuos o en posesión o control de otras personas en Estados Unidos queden bloqueadas y deben ser reportadas a su autoridad.
Además, toda entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, en un 50% o más también quedarán bloqueadas.
La oficina señala que las sanciones estadounidenses no son de hecho permanentes y están concebidas para estimular un cambio de comportamiento positivo.
Las sanciones a individuos y entidades pudieran levantarse si toman pasos concretos y acciones significativas para restaurar el orden democrático, negarse a tomar parte en abusos a los derechos humanos, expresarse en contra de los abusos a los derechos humanos cometidos por el “régimen ilegítimo de Maduro o combatir la corrupción en Venezuela”.
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