En el Salvador organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos están acusando al Gobierno de El Salvador, dirigido por Nayib Bukele por desnaturalizar a la Policía Nacional Civil de ese país.
“El abuso de poder es delito, y la obediencia debida no aplica cuando son órdenes que violan la Constitución. Es un riesgo para la democracia la evidente desnaturalización de los cuerpos de seguridad, al pretender que no están sometidos al orden jurídico”, declaró el director del Departamento de Estudios Legales (DEL), de FUSADES, Javier Castro al medio informativo La Prensa Gráfica.
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Se afirma que un grupo de agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO), el pasado martes 10 de noviembre, llegaron hasta las oficinas del Ministerio de Salud (MINSAL), donde fiscales realizaban el allanamiento. Simultáneamente, otro grupo de policías comenzó a pedir a los fiscales documentación variada, entre ellas las de las armas que portaban.
La Fiscalía calificó ese hecho como un intento de obstaculización al trabajo que estaban ejecutando. Ese proceder de la policía despertó varias alarmas.
Varias organizaciones de ese país dijeron que “esto refleja una práctica sistemática del Gobierno de El Salvador en instrumentalizar a la fuerza pública para invadir las funciones de otros órganos de Estado; un camino autoritario que inició con el intento de golpe de Estado del 9-F”.
Cometen delitos
Parlamentarios Salvadoreños, dijeron a La Prensa Gráfica que la forma en que procedió la Policía no fue acorde al espíritu de la institución, y que esto es responsabilidad del Gobierno.
“Con estas acciones, las autoridades y agentes de la policía, además de cometer delitos y demostrar un activo interés en impedir la lucha contra la corrupción, han incumplido la sentencia 6-2020 acum. de la Sala de lo Constitucional, que ordenó al Director General de la PNC y a toda la corporación “no ejercer funciones ni actividades distintas a las que constitucional y legalmente están obligados”, señaló el conglomerado.
la diputada del FMLN, Anabel Belloso señaló que “es lamentable que se instrumentalice a una de las instituciones que es fruto de los Acuerdos de Paz, y cuyo rol nace para brindar seguridad a la ciudadanía y que se utilice para interferir en un proceso que está siendo desarrollado de manera legal por la instancia a la que le corresponde de manera legal la investigación es totalmente condenable”.
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